Después disponer el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista su hijo, su mujer, Liliana Zulet; y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, el juez pidió informes de los registros de vuelos en el marco de una causa por lavado de dinero. En este expediente son investigadas también, tres empresas familiares que tienen entre sus principales clientes al sindicato de Camioneros.

 

Pablo y Hugo Moyano realizaron 77 vuelos al menos en los últimos tres años y habrían costado más de medio millón de dólares, según los cálculos iniciales. Se trata de vuelos privados que fueron revelados por el programa 4 Días que conduce Luis Majul.

 

 

La lista de vuelos privados de los Moyano terminó en la justicia. El juez Barral que los investiga por lavado de dinero pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informen sobre los vuelos del grupo familiar.

 

Entre los destinos más habituales según el registro al que se accedió, se encontraba Brasil lugar al que fueron en varias oportunidades, Uruguay, Chile, Colombia y también varios vuelos nacionales.

 

Hugo Moyano registró varios vuelos al interior del país. En marzo de 2015 alquiló un avión privado para participar de la inauguración local de un partido de la Cultura en Trelew. En enero de 2016, realizó otro vuelo a Mar del Plata para ir a la Fiesta de los Pescadores, sin recorrer la ruta, decidió contratar un vuelo privado. Fueron sólo parte de los más de 25 vuelos que registró el líder de camioneros entre mediados de 2014 y 2017.

 

 

Su hijo Pablo registra entre sus viajes uno el 12 de julio de 2014 con destino a Río de Janeiro, a donde fue para ver la final de fútbol que disputó Argentina contra Alemania.

 

También tiene viajes registrados a Miramar, como el del 30 de enero de 2015, cuando viajó para ver un partido de fútbol de Independiente contra Racing. En 2017 se subió a otro avión privado para ver en Chile el partido de Deportivo Iquique también contra Independiente.

 

Ahora la Justicia investigará estos vuelos, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales, se busca profundizar en el origen de los fondos con los que se pagaron los vuelos privados y el motivo de los mismos. Se busca determinar si el dinero provino del sindicato de camioneros.

 

Varios de los vuelos, según confirmaron a Clarín, fueron triangulados a través de IG Servicios Aéreos, y se sospecha que con esta maniobra se buscaba “ocultar el valor real de los aviones alquilados”. La justicia busca determinar en principio cuáles fueron los viajes realizados y después se analizará cómo se afrontó el pago de cada uno de los vuelos privados.

 

 

El pedido del juez federal de Morón se realiza en el marco de un expediente por lavado de activos, en el cual el 29 de diciembre se ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del clan Moyano y tres empresas vinculadas a la familia.

 

La causa contra el líder de Camioneros por presunto lavado de dinero es por la compra de dos propiedades, a raíz de una denuncia radicada el 21 de diciembre pasado por un vecino del municipio de Vicente López, tras recibir un anónimo.

 

 

Se investiga en este expediente la presunta compra irregular de dos propiedades en Parque Leloir. Según la denuncia, las operaciones comerciales se realizaron por intermedio de empresas vinculadas a Moyano. "Lo primero que se busca a hacer con esta medida es corroborar los dichos de la denuncia", aseguraron fuentes judiciales a Clarín.

 

La primera hipótesis en la causa es que los fondos aplicados a la compra de los inmuebles podrían ser resultado de una sobrefacturación al gremio de Camioneros utilizando las firmas familiares. En el conglomerado de empresas figuran los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y en listado de sus principales contratistas se encuentra el gremio y su obra social.

 

 

Entre las empresas investigadas se encuentran Aconra Construcciones SA, Iarai SA (contratada por la gerencia la Obra Social de Camioneros), y Dixey SA, dedicada al diseño de indumentaria de trabajo y servicios informáticas. Todas ellas le facturan al gremio de Camioneros y se analizará la documentación se las mismas.

 

Las tres empresas tienen a su vez, vínculos con la compañía de seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que es administrada por el vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano.

 

La justicia busca determinar-según señalaron fuentes de la causa a Clarín-, "cuál es el flujo de fondos que manejó el grupo familiar" y si el mismo "guarda relación con las inversiones inmobiliarias realizadas". Además, del circuito de dinero entre las empresas de los Moyano y los fondos que podrían provenir "desde el sindicato".