Los daños y las interrupciones registrados durante el temporal del fin de semana en La Rioja volvieron a poner bajo cuestionamiento el abandono de Nación respecto del mantenimiento de las rutas nacionales.
Las crecientes afectaron corredores estratégicos para la provincia y expusieron la necesidad de inversiones que atiendan sus vulnerabilidades, en una red cuyo deterioro había sido advertido antes de las lluvias.
En la Ruta Nacional 76, en el cruce con el río Agua de los Caballos, se reportó socavamiento parcial de la calzada y acumulación de material arrastrado por el agua. En la Ruta Nacional 150, a la altura del río Paganzo, el caudal impidió atravesar el vado y obligó a interrumpir la circulación.
Vialidad Nacional informó trabajos de limpieza y recuperación durante el fin de semana. Sin embargo, la intervención de las cuadrillas ante la emergencia no resuelve el cuestionamiento de fondo: la necesidad de sostener la conservación y ejecutar las obras estructurales que requieren los caminos bajo responsabilidad del Gobierno nacional.
El deterioro no comenzó con la tormenta
En La Rioja, las advertencias sobre el estado de los corredores nacionales anteceden al temporal. En septiembre, el administrador de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, cuestionó la disminución de la inversión destinada a obras y mantenimiento y alertó sobre las condiciones de circulación en la red nacional.
Incluso desde el distrito local de Vialidad Nacional se reconoció, antes de las últimas lluvias, que existen sectores con un deterioro importante que necesitan soluciones estructurales. Entre ellos se mencionó el tramo entre Vallecito y Bermejo hacia Chepes, donde las tareas habituales de conservación resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas.
Estos antecedentes impiden presentar la discusión como un problema exclusivamente meteorológico. La intensidad de las precipitaciones explica la emergencia, pero no responde a los reclamos anteriores por calzadas deterioradas, inversiones pendientes y mantenimiento insuficiente. Determinar cuánto incidieron esas deficiencias en cada daño requiere una evaluación técnica; exigir respuestas sobre el estado previo de las rutas es una responsabilidad de gestión.
La conservación vial no puede quedar subordinada a la aparición de una urgencia. Cuando las intervenciones se postergan, las dificultades se acumulan y sus consecuencias recaen sobre quienes necesitan viajar, trasladar mercadería, acceder a servicios o mantener conectadas sus comunidades.
Un problema que alcanza a todo el país
La situación riojana se inscribe en un escenario más amplio. En julio, el secretario de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, advirtió que entre el 70% y el 75% de los aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales se encontraba en estado regular o malo. El dirigente atribuyó ese deterioro al desfinanciamiento del organismo, la paralización de la obra pública y la pérdida de capacidad operativa.
El señalamiento pone en discusión una política nacional cuyos efectos trascienden los límites provinciales. La falta de inversión sostenida compromete corredores productivos, turísticos y de conexión cotidiana, y traslada a la población mayores riesgos, costos y dificultades de circulación.
Lo ocurrido en La Rioja vuelve urgente una respuesta que supere la reparación posterior al temporal. El Gobierno nacional debe garantizar recursos, continuidad en el mantenimiento y obras de recuperación en los tramos que las necesitan. La seguridad vial y la conexión entre comunidades requieren planificación permanente, antes de que una nueva emergencia vuelva a exponer las mismas deudas.