Nadie más que Washington es responsable por el ambiente de mucha tensión que crea su presencia militar cerca de Venezuela, denunció este miércoles el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

"Somos solidarios con Venezuela. Consideramos que el aumento injustificado de la presencia estadounidense en la parte sur del Caribe, entre otros lugares, crea una situación de gran tensión, y nadie más que el propio Estados Unidos puede ser culpado por ello", afirmó Riabkov a periodistas.

El diplomático subrayó que "desde Venezuela se está haciendo todo lo posible para que no haya narcotráfico en la región".

EE.UU. desplegó en agosto frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces, se llevaron a cabo varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

En paralelo, Washington acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. Por ello, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera a su arresto.

Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, al cuestionar la verdadera razón de los operativos.

Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una "campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente".

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas asesinadas.

Los bombardeos contra pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de "ejecuciones sumarias" contrarias a lo que consagra el derecho internacional.