Sin la colaboración   activa o pasiva   de estos tres vértices, la circulación de drogas pesadas habría sido controlada hace tiempo. El problema no radica en la permisividad estructural de un Estado cuyas leyes son tan laxas como efímeras, promulgadas para que los delincuentes pasen por la puerta rotatoria permanentemente.

Es un hecho incontrastable que todas las provincias argentinas enfrentan, en mayor o menor grado, los efectos corrosivos del narcotráfico. Según fuentes oficiales, Argentina ostenta el segundo mayor índice de consumo de drogas en la región, un dato que desnuda la magnitud del problema. Pero el verdadero foco de preocupación debe situarse en la intersección entre el poder político y el crimen organizado, donde los límites entre representación institucional y complicidad se diluyen peligrosamente.

El caso del economista y político José Luis Espert constituye apenas una muestra del fenómeno: sus ostentaciones de lujo suscitaron sospechas que derivaron en la revelación de movimientos financieros por más de un millón de dólares, investigados por la justicia estadounidense. No obstante, este episodio no es un hecho aislado. La figura de Fred Machado, empresario vinculado al lavado de dinero, ilustra un patrón más profundo: la financiación de carreras políticas por parte de actores con nexos en el narcotráfico.

Así opera la mafia contemporánea. Infiltra, seduce y corroe. Se mimetiza con el poder hasta ocupar sus instituciones, desde los parlamentos hasta los tribunales. En ese contexto, la advertencia de Mauricio Macri acerca del espacio libertario de Javier Milei   al que calificó de “fácilmente infiltrable”   adquiere una inquietante vigencia.

El propio Milei, presidente en ejercicio, ha expresado públicamente su admiración por “la mafia que tiene códigos”, una declaración que revela una peligrosa banalización del crimen; una confusión moral incompatible con la investidura presidencial.

Algunos de sus excolaboradores sostienen que llegó a asesorar a narcotraficantes, lo que plantea una pregunta fundamental: ¿qué puede esperar la sociedad argentina de un líder vulnerable a las influencias del dinero ilícito y del poder mafioso?

A ello se suma la presencia de la diputada Lorena Villaverde   miembro de La Libertad Avanza  , detenida en los Estados Unidos por transportar 15 kilogramos de cocaína. La gravedad de este antecedente no parece haber incomodado al oficialismo libertario, que la mantiene en sus filas.

Por otra parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta serios cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña de su actual coalición política. Convertida   de “montonera” a “libertaria”  , Bullrich no ha logrado cumplir su principal promesa: liberar Santa Fe del control narco, epicentro de la violencia que hoy enluta al país.

En este panorama de connivencia y degradación institucional, La Rioja constituye una excepción relativa: es la provincia con menor índice de narcomenudeo del país, muy por debajo del promedio nacional. Esa condición, sin embargo, no debe inducir a la complacencia.

Preservar la integridad del territorio riojano exige vigilancia constante, transparencia política y una ciudadanía crítica, dispuesta a denunciar toda forma de infiltración criminal. Porque cuando el narcotráfico deja de operar desde los márgenes y se instala en el corazón del Estado, ya no se trata solo de un delito: se trata de una forma de dominación.