Cuando se asocia el sustantivo prontuario con el apellido Bolsonaro en una búsqueda de Google aparecen 127 mil resultados. Son demasiados para un presidente cuya calidad constitucional devino en una parodia. El militar ultraderechista que gobierna Brasil tiene antecedentes de sobra para “estar detenido” como dice el jurista brasileño Pedro Esteban Serrano, aunque simplemente se refiera a que interfirió en una investigación judicial que complica a su hijo Carlos como hacedor de una usina de fake news. El padre pretendía hacerlo zafar de un presunto delito y terminó sepultándolo más.

El mandatario ya superó las veinte solicitudes de impeachment en la Cámara de Diputados. La última es de su ex aliada, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP). El militar ultraderechista ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia de su país porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos, ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos índigenas en noviembre de 2019.

La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de DDHH. Por último, siete ex ministros de Salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y la OMS por lo que consideran un “potencial genocidio” en el país más grande de América Latina.

Los repudios unánimes que cosecha el presidente lo dejan al borde de una salida deshonrosa que hasta podría llevarlo a la cárcel por causas justificadas. No es una exageración, ni un deseo fallido de sus detractores. Es una posibilidad aunque parezca lejana y que se robustece día a día.

Bolsonaro fue comparado con Donald Trump por el célebre lingüista estadounidense Noam Chomsky en el programa Democracy Now: “compiten para ver quién puede ser el peor criminal del planeta” dijo el 15 de abril. En Brasil hay una gran porción de la ciudadanía que lo ve al militar como un delincuente, un término que respeta la semántica, porque el jefe de Estado comete delitos con habitualidad. Incluso un sector de su propio electorado profundizó su desencanto con el presidente tras la salida del gobierno del ex ministro de Justicia Sergio Moro.

Antes de que lo abandonara el juez que llevó a Lula a prisión, Bolsonaro había caminado solito hacia el precipicio cuando arengó a su núcleo más duro de simpatizantes en Brasilia que pedían el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (TPF). Un mensaje golpista dentro del golpe que ya lleva casi cuatro años y que se inició el 31 de agosto de 2016 con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, y a la que seguiría una sucesión de eventos tan planificados como desgraciados: antes que todo, el encarcelamiento de Lula en Curitiba, y también podrían anotarse en la cuenta aquellas fake wews que desvirtuaron el proceso electoral como la que acusaba al candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, de promover la pedofilia y el incesto.

Para el jurista Serrano, un respetado profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, se cumplen todas las condiciones constitucionales y legales para destituir a Bolsonaro de su cargo. “Ya existe un delito caracterizado: el intento de obstruir una investigación. Si se añade este caso a la postura del presidente hacia la pandemia, hay varios delitos de responsabilidad”, señaló en una entrevista con el sitio Carta Capital. No se detuvo ahí: “Debería ser detenido, no tengo ninguna duda al respecto. Es grave”.

Serrano no es el único que considera a Bolsonaro un reo con chances de ser condenado en el futuro. En todo caso, la suya es una opinión desde el derecho penal. Pero en el plano institucional la situación del presidente es igual o peor. Más de veinte pedidos de juicio político fueron presentados en la Cámara Baja. El más reciente corrió por cuenta de la ex líder del gobierno en el Congreso, la diputada Hasselmann. No es la única que avanzó sobre el militar. Los partidos Rede y el PSB coincidieron en hacer algo con ella.

“Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó los artículos 5 y 7 de la ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está ‘utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata a practicar abuso de poder’” comentó Hasselmann. También lo acusó de incurrir en el delito de “falsedad ideológica” por incluir la firma falsificada de Sergio Moro en el decreto del Boletín Oficial cuando despidió al director general de la Policía Federal, Maurício Valeixo, quien estaba investigando a Carlos Bolsonaro, el hijo del presidente que es concejal por Río de Janeiro en lo formal, pero mucho más influyente de lo que indica su cargo. Valeixo lo tenía en la mira por fogonear las fake news que tantos buenos resultados le dieron al militar en el camino que emprendió para llegar al gobierno allá por octubre de 2018.

Hay una cola extensa de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron, querellaron o proyectan llevar a la Justicia a Bolsonaro. La Comisión de Justicia y Paz relacionada con la Confederación Nacional de Obispos de Brasil es una de ellas. Pidió su destitución por delitos comunes y por los procesos políticos que se le siguen en el Congreso. La Comisión junto a otras semejantes y de distintas confesiones religiosas publicaron una extensa nota donde sostienen: “Las acciones tomadas por el Presidente de la República se clasifican como un delito de responsabilidad, un delito común, un delito contra la Ley 7.170 / 83, entre otros”.

En el texto firmado el 24 de abril en Brasilia, las organizaciones afirman que “ante la crisis de salud más grave del siglo, el Presidente de la República continúa actuando de manera irresponsable y no propone unirse y liderar a la nación en la lucha contra la enfermedad”.

Bolsonaro ya había sido denunciado en noviembre de 2019 ante la Corte Penal Internacional (CPI) de Naciones Unidas por “incitar al genocidio de los pueblos indígenas” de la región amazónica. La presentación la hicieron la Comisión Arns (que lleva el apellido del célebre obispo brasileño que denunció los crímenes de la dictadura militar) y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos. En abril pasado se sumó la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) que señaló ante la CPI, que Brasil está gobernado por un presidente “totalmente irresponsable” ante la crítica situación que vive el país por la propagación del COVID-19.

La última denuncia contra Bolsonaro que seguramente terminará también en Naciones Unidas y la OMS fue de siete ex ministros de Salud. Humberto Costa, José Saraiva Felipe, José Gomes Temporão, Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro y Marcelo Castro acompañaron a Lula y Dilma en distintos gabinetes y hoy sostienen que el presidente va camino a cometer un “potencial genocidio”.