La jueza explicó que la justicia emitió una medida de restricción de acercamiento dirigida a un mayor de edad y se notificó a la institución educativa para que se resguarde a la menor. Sin embargo, el incumplimiento de la disposición judicial derivó en la necesidad de reforzar las medidas para garantizar la integridad física y psíquica de la adolescente involucrada.

Córdoba destacó que el Ministerio de Educación había activado los protocolos previstos, con la participación de directivos, psicólogos y el gabinete escolar, pero que la situación escaló en intensidad y violencia, lo que justificó la intervención judicial.

“La justicia decidió actuar para evitar que se produzcan daños mayores. Nos reunimos con el ministro y su equipo para acordar un trabajo articulado que permita brindar contención y asegurar la convivencia social”, señaló la jueza.

Por su parte, Córdoba remarcó que este encuentro constituye un paso importante en el fortalecimiento del vínculo entre la justicia y la educación. Ambas instituciones ratificaron su compromiso de continuar colaborando para dar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de acoso escolar, priorizando la protección de niños, niñas y adolescentes en la provincia.