Nuevamente la Dirección General de Catastro Provincial en el ojo de la tormenta ante gravísimas irregularidades que compromete a una empresa privada, cuyo propietario es el ingeniero Sebastián Herrera, hijo del titular de ese organismo, Carlos Herrera, lo que aumenta el recelo de la mayoría de los profesionales nucleados en el Colegio de Agrimensores.

Favoritismo, tráfico de influencias y violación a la ética pública, son las nuevas figuras que por estas horas están barajando algunos abogados que van nuevamente a la caza de dos hombres que ya fueron sancionados por parte de la entidad que los nuclea y que es la que regula la matrícula.

Según fuentes seguras, dijeron a El Diario de La Rioja que estas irregularidades mantienen a los ingenieros agrimensores “profundamente preocupados por la inercia de un organismo que supo tener otrora enorme relevancia nacional y hoy está postrado y pésimamente encaminado”.

Lo que durante años fue una sospecha entre murmullos en pasillos institucionales, hoy se evidencia de forma escandalosa: una red de vínculos entre funcionarios públicos y una empresa privada que se beneficia directamente del acceso privilegiado y manipulación de los expedientes de mensura.

Sin ningún rubor recientemente circuló en las redes sociales una foto publicada por una empleada de Catastro, y que es altamente reveladora ya que se ve a a varios empleados de la Dirección de Catastro Provincial y Municipal compartiendo una reunión social con Sebastián Herrera, hijo del actual director Carlos Herrera.

Sebastián Herrera actualmente opera en el sector privado al frente de la empresa Geo-Lar, la cual, según se ha comprobado por múltiples ingenieros, recibe un trato preferencial y expeditivo en la aprobación de sus expedientes, en clara desventaja con respecto al resto de los profesionales matriculados.

Mientras los expedientes de mensura presentados por colegas agrimensores sufren demoras injustificadas, múltiples correcciones absurdas, cambios arbitrarios y hasta chantajes técnicos (exigiendo modificaciones contrarias a la normativa vigente para obtener una aprobación), los expedientes gestionados por Geo-Lar se aprueban sin objeción alguna y en plazos irrisorios.

En la fotografía aparecen identificados empleados que cumplen funciones clave dentro de Catastro Provincial, como la responsable de emitir los certificados catastrales, la encargada de aprobar los VEPAR, y el técnico que el propio director Carlos Herrera ha señalado como quien “le ayuda a revisar los expedientes”.

Todos ellos compartiendo alegremente un encuentro con el hijo del director, en lo que ellos mismos denominan la “familia Geo-Lar”, dejando en evidencia la connivencia entre funcionarios públicos y actores privados con intereses económicos directos.

Esta situación vulnera de manera directa la Ley N.º 3779 y los principios básicos de la ética pública, ya que funcionarios con poder de decisión sobre trámites técnicos se encuentran claramente vinculados con una empresa privada que compite de manera desigual en el mismo ámbito profesional.

El Colegio de Agrimensores ya actuó en su momento contra Sebastián Herrera y Carlos Herrera en el marco de una denuncia formal, conforme al procedimiento establecido por el Código de Ética Profesional. En dicho trámite, ambos fueron encontrados responsables de haber incurrido en conductas incompatibles con los principios éticos que rigen la actividad profesional. Como resultado, Sebastián Herrera recibió una sanción de llamado de atención, mientras que Carlos Herrera, por su condición de funcionario público, fue notificado a través de un informe elevado a su superior jerárquico, la Secretaría de Tierras, para que tomara las medidas correspondientes. Esta actuación institucional confirma que la preocupación por estas irregularidades no es nueva, sino que tiene antecedentes documentados y con resolución firme.

Esta grave problemática ya fue advertida por el Colegio de Agrimensores, que mantuvo reuniones con el director Carlos Herrera y firmó un acta en la propia Dirección de Catastro, intentando establecer procedimientos de control y revisión técnica que evitaran estos abusos. Sin embargo, el director persiste en utilizar excusas para dilatar los trámites, aplicar criterios erróneos, y mantener un sistema arbitrario en el que sólo quienes se someten a sus exigencias —o pertenecen a su entorno— logran avanzar con sus trámites.

Además, se han registrado prácticas de castigo institucional, como la suspensión intencional del acceso al sistema SIG, el corte deliberado de la conexión con la antena del Instituto Geográfico Nacional, o la restricción del acceso a información pública digital bajo falsas excusas de cortes eléctricos, todas acciones que perjudican la labor de los agrimensores de manera sistemática.

Estas prácticas son de pleno conocimiento del ministro del área y de la Secretaría de Tierras, quienes a pesar de estar al tanto, no han tomado medidas efectivas para frenar este comportamiento abusivo y corrupto y mucho menos han contestado a las sanciones impuestas por el Colegio de Agrimensores al director Herrera.

Pero hay mucho más que se irá desgranando a medida que se confirmen los informes, como de aquel furibundo ciudadano del interior que, acompañado por su abogado y cuando se le dijo que su mensura no iba a ser aprobada, recurrió a otros métodos nada ortodoxos y cuyo temperamento dio como resultado que saliese de Catastro con su mensura aprobada inmediatamente.

¿Los ciudadanos que están eternamente esperando estos trámites, deben recurrir a métodos intimidatorios para que se les aprueben sus mensuras con todo el daño psicológico, legal, moral y daño que ello implica?