Esta fase contempla la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales en 11 tramos, entre los que se encuentran 5.800 kilómetros actualmente concesionados por la empresa pública Corredores Viales S.A. En este marco, el Ministerio de Economía podrá modificar la conformación de la red según las necesidades que se detecten, como así también la exclusión, incorporación o división de los tramos propuestos y las rutas que los conforman.

La privatización por concesión permitirá realizar la extinción de los contratos de concesión vigentes y el posterior cierre de la empresa Corredores Viales S.A. Esta medida fomentará nuevas concesiones destinadas a capitales privados que permitirán generar un ahorro en los gastos del Tesoro Nacional.

Cabe recordar que el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Asimismo, Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial.

Proceso de privatización

A través de la Oficina del Presidente, se informó este viernes que Javier Milei decretó el inicio del proceso de privatización de CORREDORES VIALES S.A., una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de rutas y autopistas.

Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular.

“Esto es una clara muestra que la administración estatal de la red vial no funciona, y que no es el rol del Estado la gestión de las autovías. Desde ahora, gracias a este proceso, será el concesionario el que tendrá que realizar las obras necesarias a fin de conseguir el derecho de cobro de peaje”, argumentan desde la oficina presidencial.