El acuerdo favorece a casi un millón de mercantiles y otras actividades. Pero despertó una interna gremial contra Héctor Daer, quien desde la CGT aceptó disminuir el 75% del salario de los empleados suspendidos

Casi un millón de empleados de Comercio y otros miles de distintas actividades podrían estar alcanzados por el acuerdo entre la UIA y la CGT que reglamentó el gobierno para agilizar los trámites, lo que despertó una interna gremial contra la conducción de Héctor Daer, ya que aún con inflación y con disminución del costo laboral nominal, la central obrera aceptó disminuir el 75% del salario de los empleados que estén suspendidos durante la duración de la cuarentena.

Desde que el parate económico hizo crujir la economía surgieron ayudas del Estado pero las empresas que no facturan continúan haciendo oír sus reclamos. El lunes se conoció el acuerdo entre la representación patronal y la gremial para intentar repartir costos en plena crisis.

El primer acuerdo que se conoció fue el de Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y tres cámaras empresariales del sector, que aprobaron el pago de un 86% del sueldo neto. Pero la CAME (Camara Argentina de la Mediana Empresa) anunció un entendimiento con la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), que lidera Armando Cavalieri, para pagar al personal que está sin tareas por la cuarentena obligatoria un sueldo cercano al 75% del sueldo neto.

"Es para los comercios que no estén trabajando por la cuarentena, pero deben abonar como mínimo el 75% del salario de sus empleados. Se trata de una asignación no remunerativa, lo que implica que no deben abonarse aportes y contribuciones a la seguridad social. La medida de emergencia, firmada por el sindicato y las entidades gremiales empresarias representativas del sector mercantil, es por 60 días con inicio el 1° de abril", indicó. Desde CAME contaron a este medio que el entendimiento alcanzaría a un millón de empleados de comercio.

Sin embargo, rápidamente desde el sindicato que conduce Cavalieri rechazaron que se haya rubricado ese documento, aunque deslizaron que negocian en esa direcciòn. "Como manifestáramos, es con este objetivo y en este marco que la Federación encaminó la negociación convencional. Negociación que a la fecha no ha finalizado, y por tanto no ha sido suscripto ningún acuerdo. Pero lo que sí afirmamos es que se mantienen negociaciones centradas en los parámetros que ha suscripto la CGT, y que tiene como eje central el establecer que la compensación por suspensiones de la prestación laboral no sea inferior al 75% del salario neto que le hubiera correspondido al trabajador en caso de haber laborado", indicó el comunicado gremial.

En paralelo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, reglamentó el acuerdo con una resolución que, como único dique de contención al rechazo del ajuste, afirma que "la oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, vigentes los plazos indicados en el primer párrafo del presente artículo, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación".

Hace unos días el funcionario había afirmado que la cartera no homologaría rebajas salariales. "Esto es un escándalo. Si lo sacaba (el ex ministro de Trabajo) Triaca lo matábamos", bromeaba por esas horas una fuente sindical.

Lo cierto es que el acuerdo en cuestión movió el avispero gremial y sectores vinculados al kirchnerismo y al moyanismo apuntaron contra Héctor Daer, factótum del documento por la central obrera y quien tiene línea directa con el presidente Alberto Fernández. "Daer sugiere en el documento la posibilidad de acordar esa rebaja, pero si no se llegan a subir muchos gremios va a quedar debilitado", dijo otra fuente gremial consultada.

Por otro lado, los estatales salieron en masa a rechazar el descuento salarial y una eventual avanzada contra su sector. Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, dijo a este diario que "los trabajadores registrados en el sector privado son 6,5 millones. Cuántas empresas lo solicitarán y cuántos lo podremos resistir, está por verse. En el sector público somos 3 millones y veremos si los gobiernos municipales, provinciales y el nacional intentan hacer uso de esto".

También el sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) rechazó "una eventual reducción de salarios" en medio de la pandemia de coronavirus y se opuso de forma categórica al acuerdo firmado el lunes último entre la CGT y la UIA. También rechazó el acuerdo la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El titular del gremio, el kirchnerista Carlos Ortega, cuestionó que "los trabajadores cobren un 75% de sus haberes y que esa realidad sea homologada" en pleno período de aislamiento. En este sentido, opinó que su gremio se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, por lo que rechaza cualquier "rebaja o descuento salarial en la modalidad que sea", y reafirmó que "se impone el cobro del salario completo, como lo estipula la Ley de Contrato de Trabajo". También repudió el consenso logrado entre la CGT y la UIA.