Los fiscales consideran que los imputados concretaron una “maniobra criminal” entre 2009 y 2015 “para beneficiarse ilegítimamente con contrataciones públicas” por 16 millones de pesos “canalizados a favor de personas interpuestas y en última instancia a la firma de la familia presidencial”, plantearon en su dictamen.
El pedido de indagatoria sostiene que la ex mandataria y los ex funcionarios de sus gobiernos llevaron adelante “negociaciones incompatibles con la función pública”, un delito que prevé hasta seis años de prisión, al posibilitar la contratación del hotel Alto Calafate para alojar a la tripulación de la aerolínea de bandera desde su estatización.
La supuesta maniobra es investigada junto con los hechos abarcados por otra causa conexa, a cargo de estos fiscales y el juez Ercolini: la falsa ocupación hotelera por parte de empresas de Lázaro Báez mediante la simulación de alquileres con el objetivo de “blanquear” dinero. El megaexpediente, conocido como la causa Hotesur, cuenta con dos fiscales desde mayo de 2016, cuando la Procuración General habilitó el pedido de Pollicita de contar con Mahiques como representante del Ministerio Público.
El dictamen de los fiscales advierte que “Cristina Fernández (desde 2008 y) hasta culminar su mandato como Presidenta de la República utilizó la estructura funcional de la empresa (Aerolíneas Argentinas) y una ingeniería societaria con empresas intermediarias (Valle Mitre e Idea) para contratar la firma de su titularidad y de su núcleo familiar (Hotesur S.A.)”.
Los fiscales encontraron probado que, entre 2008 y 2015, Aerolíneas contrató más de 26 mil habitaciones del hotel Alto Calafate, en Santa Cruz, para su tripulación “de manera direccionada” y “pese a que en muchos casos hubo ofertas de otros hoteles con precios más convenientes, que fueron manipuladas o tergiversadas”. Según el dictamen, las contrataciones se hicieron para la tripulación “en posta”, es decir, en la escala de descanso de los vuelos de Aerolíneas hacia la ciudad de El Calafate “lo que implicó un beneficio económico de más de 16 millones de pesos y la ocupación constante y permanente” del hotel.
El dictamen se encuentra respaldado con intercambios de correos electrónicos que demostraron que “los funcionarios de la empresa estatal encargados de la contratación tenían una decisión ya adoptada en forma previa de contratar el hotel de los ex presidentes sin siquiera conocer el valor del hospedaje”. Además de la ex presidenta, los fiscales consideraron parte de la maniobra delictiva a Recalde y Alak, Kicillof, al detenido Lázaro Báez y su hijo Martín, al socio de los Kirchner Osvaldo Sanfelice y otros 18 acusados, entre ellos ex funcionarios de Aerolíneas, a quienes pidieron que el juez cite a indagatoria. “Todos los eslabones de la estructura –con diferentes grados de responsabilidad según el lugar que ocupaban en la cadena– cumplieron un rol trascendental, ya que sin su participación la maniobra se hubiera detenido al menos circunstancialmente hasta que fueran reemplazados por otro agente que cumpliera con la voluntad criminal que se decantaba desde el PEN y las cabezas de la aerolínea estatal”, aseguraron los fiscales.
