El presidente Javier Milei expresó su firme intención de vetar cualquier modificación al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) actualmente en debate en el Congreso. Desde el Ejecutivo, sostienen que la utilización de DNU resulta crucial para la gestión del gobierno, dado que la administración carece de una sólida capacidad de negociación y acuerdos en el ámbito legislativo. Milei calificó los intentos de la oposición como un "golpe de Estado", argumentando que buscan cambiar las reglas de juego establecidas. Desde su llegada al poder, el presidente recurrió a esta herramienta para llevar a cabo cambios significativos, incluyendo un megadecreto que desreguló varias áreas de la economía y un aumento de fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En el Congreso, se presentaron varias iniciativas para reformar el tratamiento de los DNU. Una de ellas, impulsada por el diputado Oscar Agost Carreño, propone un plazo de 60 días para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emita un dictamen sobre los DNU. Además, sugiere incrementar la cantidad de miembros de la comisión de 16 a 24. Si no se emite dictamen en el plazo estipulado, las cámaras podrían considerar el DNU en tres días hábiles; de lo contrario, el decreto perdería vigencia. Otra propuesta, del bloque radical, extiende el plazo a 90 días si uno de los cuerpos legislativos ya aprobó el decreto. Por su parte, la Coalición Cívica no define un plazo específico, pero establece que el rechazo de cualquiera de las dos Cámaras sería suficiente para anular un DNU. La situación se complica en un contexto de creciente tensión, evidenciada por las manifestaciones contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario durante su participación en el Coloquio de IDEA. La oposición sigue cuestionando el uso de DNU desde el inicio de su gestión, lo que añade incertidumbre al futuro legislativo del país.