La convocatoria a participar de la marcha la realizaron CTA y AMP a través de un comunicado donde manifestaron que “el Gobierno nacional continúa poniendo en jaque la intervención del Estado en políticas garantes de derechos. Hoy es el turno de las Universidades Públicas que ven congelados sus ingresos para gastos de funcionamiento y pago de salarios docentes”.

“Estas medidas de Miley y Caputo no solo desfinancian las instituciones universitarias, sino que prohíben el acceso, de hijas e hijos de las y los trabajadores y el pueblo, a estudios de nivel superior”.

La AMP denunció “la implementación de políticas que profundizan las brechas sociales. Una política garante de mano de obra barata, incremento de la pobreza e indigencia, y cercenamiento de derechos que impiden un futuro de progreso para todas y todos”.

Agregaron que “para ellos cada vez serán menos “personas de bien”, y la meritocracia, que hoy ya es un problema, será el acceso de pocos a los puestos de trabajo de mayor jerarquía y remuneración, mientras que los otros, los que no pudieron afrontar los costos de sus estudios, serán indefectiblemente “mano de obra barata”.

“La Educación pública y de calidad, es un derecho, y como tal se debe exigir y cumplir”, finalizaron.