La Fiscalía General de Colombia acusará formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos.

"A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal", se lee en un comunicado del Ministerio Público que reseña RTenespañol.

La causa avanzó luego del rechazo de solicitudes de preclusión "que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes".

Aún no está definido cuándo iniciará el proceso judicial contra el exmandatario, si bien el documento precisa que la audiencia de formalización de la acusación tendrá lugar una vez que el Circuito Judicial de Paloquemao de Bogotá "cumpla con el reparto y se conozca el juzgado" al cual quedará asignada la causa.

Evidencias

Como parte de las garantías procesales, el texto puntualiza que "el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo".

Medios colombianos refieren que la resolución incluye nuevos elementos de prueba, como las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez.

Se trata de una de las decisiones de mayor trascendencia político-judicial tomadas bajo la administración de la recién designada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la gestión de su predecesor, Francisco Barbosa, se solicitó en dos oportunidades la preclusión del proceso, pero la Justicia lo negó.

El comienzo

Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia.

Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por el contrario, iniciara una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima.

El proceso siguió su curso hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su banca en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público.

Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía intentó en vano que la causa se archivara, pero en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe debía seguir adelante.