El primer ministro del Perú, Alberto Otárola, es requerido por un sector parlamentario para que dé explicaciones al Congreso por el actuar impune del grupo de extrema derecha La Resistencia, que en los últimos días continuó con hostigamientos contra determinados objetivos pese a que el país está bajo estado de emergencia.

Un grupo de parlamentarios, fundamentalmente de izquierda, promueve que Otárola sea interpelado por la forma en que el Gobierno reprime las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejan 60 muertos desde diciembre.

En el probable cuestionario, los parlamentarios incluyen presuntas sobre "La Resistencia", cuyas acciones de intimidación se realizan sin obstáculos, pese a que el estado de emergencia implica restricciones que sí se aplican para los opositores.

"La Resistencia", liderado por el excandidato a congresista Juan José Muñico, ha dirigido sus más recientes acciones contra los periodistas Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, hasta cuyas casas llegaron para lanzar insultos y amenazas en hechos que se extendieron por horas.

"Estamos aquí plantados y parados para decirle a Gustavo Gorritti que tiene los días contados", gritaba con megáfono Israel Vidal, una de las caras visibles de "La Resistencia", frente a la casa del comunicador. "Gorriti no es peruano, es judío", añadía otro activista, Roger Ayachi.

"Han llevado la violencia verbal a sus límites mayores. Esa banda lumpen ha realizado actos de hostigamiento contra IDL Reporteros (el portal de investigación que dirige Gorriti) no menos de 20 veces. La diferencia es que ahora lo han hecho en mi domicilio", se quejó el periodista.

El director de IDL Reporteros, de 75 años, uno de los más brillantes periodistas de investigación de Perú, está en la mira de la extrema derecha desde la década de 1990, cuando hizo público que en gobierno de Alberto Fujimori estaba un poderoso asesor de inteligencia hasta entonces desconocido, Vladimiro Montesinos, lo que se confirmó luego plenamente.

Los reiterados ataques contra Gorriti, de ideas de centro, suelen estar acompañados por insultos antisemitas derivados de su condición de judío.

Palacios es una influyente abogada de 59 años, con gran acogida en las redes sociales, cuya ideología se enmarca en la derecha, pero que es crítica de la forma en que Boluarte y sus aliados han actuado contra las protestas populares.

La periodista denunció que, pese a los llamados, las autoridades no hicieron nada para impedir el ataque, por lo que deslizó que "La Resistencia" podría tener la anuencia del alcalde del distrito limeño de Miraflores -donde ocurrieron los hechos-, Carlos Canales, del partido ultraconservador Renovación Popular (RP). "Los dejan hacer", se quejó.

Miraflores, poblado mayoritariamente por personas de clase media alta y uno de los distritos más emblemáticos de Lima, permanece últimamente bajo una fuerte custodia policial, porque Canales prohibió movilizaciones populares en la zona. "Si quieren protestar, háganlo en sus barrios", argumentó.

"La Resistencia", que actúa junto a organizaciones similares autodenominadas "La Insurgencia", "Los Combatientes" y "Los Patriotas", también atacó en los últimos días a periodistas de medios convencionales que acudieron a cubrir una rueda de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los periodistas de los canales Panamericana y TV Perú (estatal) fueron agredidos física y verbalmente por los manifestantes, que los tildaban de "vendidos" por darle espacio a las denuncias de CNDH, una agrupación que también ha sido víctima de ese tipo de hostigamientos.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), que reprochó el hecho, hizo públicos videos que demuestran que policías del distrito limeño de Lince, donde ocurrieron las agresiones, no hicieran nada por evitarlas a pesar de estar a corta distancia.

La ANP y el Instituto Prensa y Sociedad hicieron denuncias que tuvieron eco en organizaciones internacionales como la Veeduría de la Organización de Estados Americanos y la Sociedad Interamericana de Prensa.

Incluso, en un hecho con pocos precedentes, las embajadas en Lima de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá expidieron un comunicado conjunto en el que consideran "vital" que las autoridades "garanticen la seguridad de los periodistas mientras trabajan libremente".

"La Resistencia", varios de cuyos miembros están plenamente identificados, tienen como jefe a Muñico, un exobrero de 46 años con antecedentes judiciales que se autodefine como "hombre de extrema derecha, patriota y anticomunista" y que en 2020 fue candidato a congresista sin ningún éxito por RP.

Varios de los líderes de "La Resistencia" y sus grupos aliados son definidos por la prensa como simpatizantes de RP y/o del partido fujimorista Fuerza Popular, aunque esos colectivos niegan que haya algún tipo de vinculación formal.


Esos grupos comenzaron aparecer hacia 2018 en movilizaciones de respaldo al entonces cuestionado fiscal general Pedro Chávarry, a la postre destituido por corrupción.

Desde entonces tomaron vuelo y han agredido física y verbalmente a activistas de derechos humanos, periodistas, foros de izquierda, a monumentos a los derechos humanos y a personajes a los que tildan de comunistas y "proterroristas" aunque no lo sean, como el expresidente interino Francisco Sagasti.

Aunque la Fiscalía ha intentado acciones contra Muñico y otros dirigentes ya identificados, como Flor Contreras, José García Danuso, Mary Vela, Zósimo Negreiros, José Sánchez Escalante, Edith Galarza, Vilma Gonzales y Elvis Occ, no se ha llegado a sanciones concretas.

"Detrás de estos grupos existe una estrategia de intimidación y hostigamiento. Lo que buscan es crear una atmósfera de descrédito y miedo. En términos generales, llevar a cabo acciones erosivas de difamación, calumnias. Son formas directas de llevar a cabo agresiones contra la libertad de expresión", señaló Gorriti.

La aparente impunidad con que actúan "La Resistencia" y sus similares ha quedado más en evidencia, según analistas, con el fuerte incremento de las medidas de seguridad dispuestas por Boluarte, las que incluyen un accionar inmediato para disolver las concentraciones públicas.