Al respecto sostuvo que “de parte de la provincia no hay ánimos de judicializar la convocatoria porque está ajustada estrictamente al principio de legalidad.”

El asesor General aseguró que: “El decreto 116 establece las elecciones generales para los cargos provinciales y municipales, y el decreto 117 para convencionales constituyentes” por lo que “en el caso de las elecciones provinciales comprenden los cargos de gobernador, vicegobernador y diputados, y la renovación parcial de la cámara para los departamentos”.

En tanto, detalló que “en el caso de las elecciones provinciales comprenden los cargos de gobernador, vicegobernador y diputados, y la renovación parcial de la cámara para los departamentos”.

Sobre el anuncio del municipio de no adelantar las elecciones, apuntó: “es un acto administrativo de la intendenta. Lo que me corresponde como asesor general es ratificar el llamado de los decretos contemplados en el Código Electoral de la Provincia, dónde integramos la elección a intendente y viceintendente de los 18 departamentos, esto es el 7 de mayo".

Con respecto al decreto del año 2015 sobre el cual ampara su decisión la intendencia capitalina, afirmó que: "En el orden de la Constitución Provincial se establece que hay una jerarquización de normas, y la supremacía la tiene la constitución y las leyes. Todo lo que tiene ver con los procesos electorales a nivel provincial y municipal está regulado por dos leyes: la Ley 5.138 que es el Código Electoral de la Provincia y la Ley 6.843 Orgánica Transitoria Municipal”. Ratificó que: “El principio de legalidad está enmarcado en este contexto de jerarquía de normas, y es precisamente lo que refleja el decreto del gobernador, que establece que las elecciones del departamento de la ciudad Capital, al igual que en los 17 otros departamentos, se realizará el 7 de mayo". En este sentido, confirmó que no se dejará sin efecto la convocatoria a los cargos del departamento capital.

Sobre la posibilidad de que el desacuerdo entre el gobierno provincial y el capitalino se traslada al ámbito judicial, expresó que “de parte de la provincia no hay ánimos de judicializar la convocatoria porque está ajustada estrictamente al principio de legalidad.”