El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva destituyó a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras (PFC) en los estados y en el Distrito Federal, además de despedir a 18 jefes de la Policía Federal.

Uno de los policías despedidos de la PFC ha sido Virgílio de Paula Tourinho, del estado de Bahía, y que fue citado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras los comicios, después de que varios operativos a su cargo dificultaran que muchos electores llegasen a los colegios electorales para votar.

La PFC mantuvo un estrecho vínculo con el expresidente Jair Bolsonaro durante su mandato y a muchos de los altos cargos de la corporación se les acusa de permitir los bloqueos de camioneros en varios puntos del país, después de la victoria de Lula.

"Todos los que participaron en los altos golpistas serán castigados (...) serán retirados de sus funciones y responderán ante la ley", comentó Lula el miércoles.

En el ataque del 8 de enero, miles de bolsonaristas radicales invadieron el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF), causando gravísimos destrozos, en lo que se considera el peor ataque a la democracia desde la dictadura brasileña (1964-1985).

Debido a su desconfianza con las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo de Lula despidió el miércoles a 13 militares que trabajaban en la Oficina de Seguridad Institucional (GSI, por sus siglas en portugués), después de hacer lo propio el martes con 40 uniformados que se ocupaban de su seguridad en la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada.

Tras el ataque, fue destituido y encarcelado el entonces jefe de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, un comisario de policía que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y que ha sido acusado de omisión en los ataques.

"Lo que pasó aquí fue un intento de golpe de Estado, de gente preparada. No sé si el expresidente lo ordenó, lo que sí sé es que él tiene la culpa, porque pasó cuatro años instigando el odio", destacó Lula.