La justicia suprema de Perú dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.
La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara un estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país. Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido por los legisladores la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación.
Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de las más mínimas garantías. Estuvo representado por un abogado de oficio.
Diez muertos en las protestas
El número de muertos en las protestas por la destitución de Castillo subió esta noche a 10, con el fallecimiento de dos personas durante la toma del aeropuerto de Ayacucho, donde, además, se registran decenas de heridos y grupos de manifestantes quemó una fiscalía.
Un informe de la mañana que daba cuenta de 71 personas detenidas y 216 policías heridos como balance de las manifestaciones quedó rápidamente desactualizado ante las nuevas protestas, ataques, bloqueos y ocupaciones de sedes de entidades públicas.
A última hora el Ministerio de Salud dio cuenta de 40 internados, y la Defensoría del Pueblo reclamó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que no use armas de fuego y que deje de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros.
La oficialización tardía de los fallecimientos genera confusión en el número de muertos. Hoy, por ejemplo, la Policía confirmó formalmente dos muertes que ocurrieron ayer.
Salud detalló que hasta anoche habían sido hospitalizadas o atendidas 171 personas como resultado de lesiones o problemas sufridos en las protestas.
Por su parte, el ministro del Interior, César Cervantes, dijo a una radio que 216 policías resultaron heridos en las protestas, que comenzaron el jueves pasado, al día siguiente de la destitución de Pedro Castillo y su reemplazo por su vicepresidenta Dina Boluarte.
El ministro agregó que 16 dependencias públicas fueron destruidas y que 71 personas estaban detenidas por distintos presuntos delitos cometidos en su participación en las manifestaciones.
Esta tarde fue quemada la sede principal de la Fiscalía de Ayacucho, localizada en Ñahuinpuquio, del distrito de San Juan Bautista, consignó el diario La República.
