Con el objetivo de brindar argumentos al momento de referirse a los acuerdos alcanzados entre la obra social provincial y la institución de la cual aún la comisión electa no asumió su liderazgo, la actual gestión de APOS saldó una deuda de 1.340 millones de pesos (24 millones de dólares al valor de diciembre del 2019) con sus prestadores, acordó dos aumentos anuales en vez de uno, categorizó el valor de la consulta de acuerdo a la especialidad y abrió una mesa de trabajo para acordar mejoras en valores y servicios.

Asimismo, la Administradora General de APOS remarcó que los equipos técnicos de la obra social se encuentran trabajando para implementar el aumento a prácticas y prestaciones a partir del mes de diciembre, acordado con la comisión saliente.

A su vez, desde la Dirección General de Administración detallaron que se completó el pago del mes de agosto a sus prestadores, como también las prestaciones de Planes Especiales del mes de septiembre, y confirmaron que se completará el pago de dicho mes una vez finalizado el régimen de facturación de 45 días.

Adelantaron que a partir del 2023 el circuito administrativo de facturación será de 35 días, y aseguraron que a partir del desendeudamiento no volvieron a registrarse retrasos significativos. La obra social está al día con sus compromisos.

Por otra parte, las autoridades de la OSP aseguraron que los acuerdos y negociaciones se logran a través del diálogo cara a cara, y no mediante aprietes y bravuconadas en medios de comunicación y/o grupos de whatsApp en los que, más que el interés por mejorar la situación laboral de sus pares, quedan en evidencia sus ansias de protagonismo contraproducente.

La titular de APOS, Cra Claudia Ortiz, insistió en que no alterará el rumbo de la recuperación económica y los estándares de calidad alcanzados, y reiteró que cada prestador tiene la libertad de aceptar o no las normas operativas, y trabajar o no para la obra social. De ser necesario se tomará la decisión de firmar con las y los prestadores de manera directa, ya que es potestad de la Administración Provincial de Obra Social, por ley 7212, arbitrar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus normas operativas.