A tres meses de las elecciones generales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro logró, con el apoyo en bloque del Partido de los Trabajadores y el resto de la oposición, que el Senado brasileño aprobara por 72 votos contra uno la instalación del estado de emergencia, que libera 8.000 millones de dólares del déficit fiscal para ampliar los planes sociales, la ayuda para la compra de garrafas de gas y un subsidio de 200 dólares para camioneros y taxistas.

"Bolsonaro cree que con esto quiere comprar al pueblo", afirmó el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del PT y candidato favorito a las elecciones del 2 de octubre, al calificar una jugada "electoral" el paquete de beneficios aprobado por el Senado y que deberá tratar Diputados en carácter de urgencia en los próximos días.

Llamada "kamikaze" o "bomba fiscal", la medida es una enmienda constitucional que bloquea el techo del gasto que impide el aumento del déficit fiscal y había sido resistida por el ala más neoliberal del gobierno y el ministro de Economía, Paulo Guedes.

La decisión fue fustigada políticamente por no haber sido aplicada durante los cuatro años del Gobierno de Bolsonaro y sí a tres meses de las elecciones.

El opositor PT de Lula encontró resistencias en apoyar el paquete social pero explicó que logró "reducir los daños" institucionales que buscaba Bolsonaro con un "cheque en blanco" para gastar con el estado de emergencia a menos de 100 días de las elecciones del 2 de octubre.

Según analistas, el apoyo de la minoría del PT sirvió para restarle al bolsonarismo argumentos de campaña sobre la emergencia social que vive el país, con la mitad de su población con necesidades alimentarias insatisfechas y 33 millones en situación de hambre.

La legislación brasileña prohíbe que el Gobierno cree nuevos programas de asistencia social o amplíe los existentes cuando es un año electoral, como el actual, por lo cual planteó mediante el senador oficialista Fernando Bezerra un Proyecto de Enmienda a la Constitución para poder gastar más y no regirse a la ley.

Según el Gobierno, la aprobación permitirá aumentar de 400 a 600 reales (de 80 a 120 dólares) el valor del Auxilio Brasil, principal programa de asistencia a las familias más pobres que reemplazó al Bolsa Familia, nombre asociado a Lula y a Dilma Rousseff y que permitió la salida de la pobreza extrema y miseria de 36 millones de brasileños.

También se creará un vale para camioneros de hasta 1.000 reales mensuales (200 dólares) para que puedan hacer frente a la suba de los precios de los combustibles, así como aumentar en 53 reales (unos 10 dólares) la ayuda cada dos meses para comprar gas.

El proyecto contempla una compensación dirigida a los estados para que los jubilados no paguen para usar el transporte público, una ayuda de hasta 2.000 millones de reales (400 millones de dólares) a taxistas debidamente registrados hasta el 31 de mayo, y una colocación de 500 millones de reales más (100 millones de dólares) al programa Alimenta Brasil, que prevé la compra de alimentos producidos por agricultores familiares.

Además, se destinarán unos 3.800 millones de reales (unos 760 millones de dólares) al sector productor de etanol -alcohol combustible que acepta todo el parque automotor brasileño- para que los utilice para subsidiar el precio sobre las naftas y así beneficiar a los automovilistas.

"Las propuestas habían sido presentada por el PT hace más de un año", dijo el senador Paulo Paim, del partido de Lula, al argumentar el apoyo a la medida incluso con posibles ventajas electorales para Bolsonaro.

Según la última encuesta de Datafolha de junio, Lula vencería sin necesidad de segunda vuelta por el 53% de los votos contra el 32% del ultraderechista Bolsonaro.

"Este proyecto es llamado de propuesta de la desesperación. El PT retiró el dispositivo que daba un cheque en blanco para que el estado de emergencia fuera dado en forma indiscriminada por el gobierno", aseguró el bloque del PT en el Senado.

Lula fustigó la política de ajuste de Bolsonaro y la campaña contra el sistema electoral que ha encarado el jefe del Estado en caso de derrota

Sectores liberales de la prensa tradicional como O Globo y Folha de Sao Paulo han fustigado la decisión por violar el equilibrio fiscal del país.

El único voto en contra fue el del senador José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña, exministro de Salud, excanciller de Michel Temer y excandidato presidencial en 2003 y 2010.

"Voté (en contra) porque este proyecto viola la ley de responsabilidad fiscal y causa caos en las cuentas públicas del país", explicó Serra.

El gobierno "de repente se acuerda que hace falta ayudar a la población desesperada. Aprobamos los beneficios pero evitando el uso electoral de la emergencia", dijo Jean Paul Prates, senador del PT.

El PT fustigó al gobierno de Bolsonaro por considerar que acude a la emergencia para evitar afectar los intereses de los accionistas privados de la estatal Petrobras y cambiar la política dolarizada de precios de los combustibles.

Lula fustigó la política de ajuste de Bolsonaro y la campaña contra el sistema electoral que ha encarado el jefe del Estado en caso de derrota, al levantar sospechas sobre las urnas electrónicas que funcionan desde 1996 en Brasil.

"Bolsonaro sabe que el problema no son las urnas electrónicas, el problema de él se llama pueblo brasileño. Es por eso que el jueves mandó varias medidas para liberar dinero, aumentar las ayudas, los subsidios. El pueblo tiene que recibir ese dinero pero no resuelven los problemas porque este paquete se terminará en diciembre. Es un proyecto electoral, él cree que puede comprar al pueblo", afirmó Lula.

Los efectos de las ayudas extraordinarias terminan el 31 de diciembre, el último día del actual mandato.