Los dueños de la minera Intigold Mining S.A. se perfilan como supuestos responsables principales de enfrentamientos que dejaron 14 muertos en el sureño departamento peruano de Arequipa, en el marco de una “guerra” por la explotación de oro, según los avances de la Fiscalía.

Tras las investigaciones correspondientes, los fiscales del caso apuntaron este viernes contra la propietaria y CEO de Intigold, Rossana Camet, a la que acusan de liderar una “organización criminal” para desalojar a mineros artesanales con los que la empresa tiene una disputa de vieja data.

Camet, supuestamente, contrató sicarios en Lima y los llevó al distrito de Ático en la provincia arequipeña de Caravelí, para que expulsaran a la fuerza a mineros de la cooperativa Calpa Renace. Éstos respondieron y hubo muertos en ambos lados.

Los abogados de Intigold, Frank Melo y Felipe Paredes, sostienen sin embargo lo contrario: según ellos, fueron los asociados en Calpa Renace quienes lanzaron la ofensiva contra el personal de la empresa y contra los integrantes de una cooperativa informal asociada a ésta, Ático Calpa.

Más allá de los detalles que debe aclarar la Justicia, que por ahora tiene detenidas a 31 personas, todas ligadas a Intigold, ya está claro que las 14 muertes refuerzan el hecho de que la bendición del oro, que hizo de Perú el primer productor de ese metal en América Latina y sexto en el mundo, puede ser una maldición por la violencia y destrucción que la rodea.

Además de los daños al medio ambiente generados en el proceso de explotación por empresas formales y mineros informales, en diversos puntos del país ha habido expresiones de violencia, por enfrentamientos entre grupos o por atentados o amenazas contra dirigentes populares que se oponen a esas prácticas.

Los fiscales del caso apuntaron este viernes contra la propietaria y CEO de Intigold, Rossana Camet, a la que acusan de liderar una “organización criminal” para desalojar a mineros artesanales con los que la empresa tiene una disputa de vieja data.

“Hay que luchar contra un sistema que está decadente en todo el sentido de la palabra. Tenemos amigos, tenemos aliados, pero nada nos garantiza que la cosas no se vayan a agravar más”, le dijo a Télam el líder comunitario Victor Zambrano, cuyo activismo contra el caos en la explotación de oro en el departamento selvático de Madre de Dios le ha costado permanentes amenazas de muerte.

El caso de Arequipa es distinto al de Madre de Dios -donde los mineros informales destruyen centenares de hectáreas de bosques amazónicos para extraer su producto-, pero los une la demostración de lo poco que cuesta la vida humana en medio de la fiebre del oro.

Lo ocurrido en Caravelí, y concretamente en el distrito de Ático, se remonta a 2014, cuando Intigold, agobiaba por una crisis económica y por multas que se le impusieron por no respetar los estándares ambientales, no pudo pagar los aproximadamente 500.000 dólares que le exigía el Estado para continuar con sus labores.

Intigold, y concretamente Camet, recurrieron entonces a lo que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas califican de “viveza”: les entregaron la zona a unos 300 mineros locales, agrupados en Calpa Renace, para que extrajeran el oro a cambio de dejarle a la empresa una porción de las ganancias.

Todo parecía funcionar bien en principio, según un líder de Calpa Renace, Erasmo Tito, pero los problemas empezaron cuando la compañía, con diversos argumentos, empezó a recortar las ganancias de los mineros, hasta que la situación se hizo insostenible y hacia 2017 se produjo una ruptura y la cooperativa empezó a funcionar por cuenta propia.

Para recuperar su posesión, Intigold fomentó la formación de una nueva cooperativa, Calpa Ático, integrada más por pescadores locales que por mineros profesionales, lo que dio paso a constantes choques entre los dos grupos, con abierto respaldo de la empresa a la nueva organización.

Los hechos escalaron hasta que en 2020 fueron asesinados dos dirigentes de Calpa Renace, hecho no aclarado que se atribuyó a la alianza entre Intigold y Calpa Ático. Todo eso, señalan autoridades locales, se desarrollaba sin que desde esferas más altas del Estado se tomaran acciones.

En ese marco, hace tres semanas llegaron los “refuerzos” que supuestamente desencadenaron la violencia. Aunque la empresa asegura que se trata de mineros de oficio, los líderes de esa facción, los ahora presos Miguel Manchego y Rusbel Tuamaná, no han podido acreditar su vinculación al sector y en cambio registran antecedentes por asesinatos.

Siete personas -cuatro de ellas de Calpa Renace- murieron a bala el jueves 10. Cuando todo parecía terminado, al día siguiente aparecieron otros siete cadáveres, sin que esté claro cuántos pertenecen a cada bando.

Los abogados de la empresa le aseguraron al portal periodístico El Búho, de Arequipa, que las cosas se dieron a la inversa y que fueron los de de Calpa Renace quienes lanzaron el ataque. La Fiscalía, sin embargo, dice tener evidencias de que los detenidos fueron contratados con el conocimiento y experiencia en el manejo de armas como primer requisito.

El Gobierno central, que se hizo presente en el lugar por medio del ministro del Interior, Dimitri Senmache, decretó el estado de emergencia en la zona, con los que las garantías constitucionales quedaron limitadas y bajo el control de 200 policías y 42 militares.

Además del oro, Perú es el mayor productor mundial de estaño y zinc, el segundo de cobre y plata, el tercero de teluro y bismuto y ocupa posiciones de liderazgo en indio, selenio, hierro y molibdeno. La actividad minera le representa al país 10% del Producto Bruto Interno, 20% de los ingresos fiscales y 60% de las exportaciones.

Pero la minería también genera 60% de los 209 conflictos registrados en la actualidad por la Defensoría del Pueblo, y está ligada a diversas actividades delictivas colaterales, por lo que los expertos recomiendan políticas adecuadas para que no muera “la gallina de los huevos de oro”.