El Gobierno tiene previsto publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 1 al 28 de febrero, con el objetivo de tratar una agenda parlamentaria que incluirá la reforma del Consejo de la Magistratura y una serie de iniciativas económicas, informaron fuentes del oficialismo.

Los detalles de la agenda que impulsará el Poder Ejecutivo -la única que se puede tratar en sesiones extraordinarias- se terminarán de definir en las próximas horas, y por ese motivo el presidente Alberto Fernández estuvo analizando varios aspectos del decreto de convocatoria con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

En ese marco, el jefe de Estado publicó el viernes en su cuenta oficial de Twitter una foto de su reunión con Ibarra a la que acompañó con la frase "me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional".

Esta mañana me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, @VilmaIbarraL.

Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. pic.twitter.com/9JZ36TiXxN

— Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2022

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había adelantado hace algunos días que la intención oficial era publicar este martes el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero.

Fuentes oficiales señalaron que uno de los proyectos centrales de esa agenda será la reforma del Consejo de la Magistratura ya que la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del organismo tripartido encargado de seleccionar jueces, aplicar sanciones o remover magistrados.

El Gobierno quiere elevar de 13 a 17 los miembros el Consejo de la Magistratura para aumentar la representación de los jueces de tres a cuatro, de los abogados de 2 a 4 y de los académicos y científicos de uno a dos.

Si el proyecto que se encamina a enviar el PEN reúne los votos suficientes en el Parlamento, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.

Para sancionar el proyecto el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con la oposición, que es la primera minoría en las dos cámaras del Congreso, y esa iniciativa se debe votar con una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El Frente de Todos tiene 117 votos en Diputados -ya que el titular del cuerpo Sergio Massa solo vota en caso de desempate- y en el Senado 35, por lo cual deberá contar con el voto de los bloques de la oposición.

De todos modos, el oficialismo aspira a consensuar este proyecto con Juntos por el Cambio -que también ya presentó sus propias propuestas- y otros bloques opositores, ya que quiere que se sancione con un respaldo mayoritario, informaron fuentes parlamentarias.

Además de este proyecto institucional, el oficialismo buscará incluir en el temario de sesiones extraordinarias un conjunto de iniciativas económicas que ya se encuentran en el Congreso, con el objetivo de apuntalar el desarrollo económico.

Uno de los proyectos que aspira a tratar es la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, cuyo objetivo es consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en el sector hasta 2030 e incorporar tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos.

Esta iniciativa permite una amortización acelerada y la devolución de IVA para nuevas inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago del impuesto a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para impulsar la producción sustentable a partir de un crédito fiscal del 50% de su valor.

En la agenda podría figurar el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo.

Otro proyecto económico que aún está pendiente es la iniciativa que promueve la industria del cáñamo y del cannabis medicinal, que es un mercado que viene creciendo en el mundo ya que se utiliza para fines medicinales y terapéuticos.

El texto impulsado por el Gobierno nacional fue aprobado por el Senado y obtuvo dictamen en noviembre en Diputados, pero ese despacho perdió estado parlamentario el pasado 10 de diciembre.

El proyecto promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.