Las noticias falsas que los medios esgrimen amparándose en las denuncias de una funcionaria pública, son operaciones políticas deliberadas que promueve la intendenta radical-macrista.

Estas operaciones se enmarcan en un conflicto generado por ella misma. El mismo se originó en la previa de las elecciones del pasado 14 de noviembre, cuando decidió firmar los decretos de pases a plata permanente, sin previsión presupuestaria, de alrededor de 300  trabajadores del Programa de Empleo Municipal (PEM). Dada esta situación, los mismos empleados iniciaron un plan de lucha que incluye la toma de lugares de trabajo en distintas dependencias, entre estas la base del servicio de recolección de basura.

Curiosamente, para denunciar el hecho del intento de secuestro del camión, Brizuela y Doria aporta un video tomado por los mismos supuestos delincuentes, que serían empleados municipales. En la denuncia mediática aduce que hubo disparos y que se intentó tomar el camión “a punta de pistola”, pero nada de esto se ve en las imágenes que acompañan su descargo, donde incrimina sin ningún tipo de pruebas al Gobierno provincial.   

En sus continuas salidas por los medios, Brizuela y Doria no ha dejado de victimizarse y trasladar la responsabilidad del conflicto al gobernador Quintela, sin mencionar que la decisión firmar masivamente pases a planta del municipio y sin previsión presupuestaria fue ilegal y tampoco mencionar que la decisión fue en el marco de la campaña electoral.

En su momento, días previos a las elecciones, la intendenta orientó a estos mismos trabajadores a llevar a cabo un reclamo que terminó con destrozos en la Residencia de Gobernadores y hasta bloquearon  el ingreso y la salida de la Casa de Gobierno en el Centro de la ciudad, reclamando los fondos de coparticipación. Al parecer la Intendenta desconoce una Ley que se sancionó en la Legislatura local en el año 2015 siendo ella diputada.

Lo cierto es que estos empleados precarizados, que movilizaron en los días previos a las elecciones contra el oficialismo, hoy le reclaman el pago de los que les prometió. Desde el Gobierno provincial negamos cualquier tipo de participación en la interna municipal y continuamos asegurando la transferencia de recursos al municipio conforme a lo que establece la Ley.