El presidente de Chile, Sebastián Piñera, insistió este miércoles en que no tiene “ningún fundamento” la acusación constitucional en su contra que pude derivar en un juicio político, y la atribuyó a “un clima enrarecido” que vive el país y a un “claro e injustificado interés electoral".
"Además, y esto por respeto a la verdad, los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, fueron también conocidos e investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría", puntualizó Piñera en declaraciones que hico en el Palacio La Moneda.
El mandatario salió a rechazar la votación de Diputados que aprobó la acusación en su contra por un presunto conflicto de intereses en la venta de una empresa minera a un amigo suyo, revelado por la investigación periodística conocida como “Pandora Papers”.
"Estamos convencidos de que esta acusación no tiene ningún fundamento", remarcó Piñera, que explicó que "después de una detenida lectura” del documento concluyó en que “la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados o en simples conjeturas o posiciones que no cumplen las normas que regulan una acusación constitucional".
Según los sitios de Radio Cooperativa y el diario La Tercera, el presidente afirmó que "los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un Juzgado de Garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema”, instancias todas en las que “en forma unánime se decretó que no había ninguna irregularidad”.
Para el mandatario, la acusación "obedece a un clima enrarecido que se está viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observar en esa larga noche en que se debatió y que tiene un claro e injustificado interés electoral".
El Senado decide
Se manifestó confiado en que el martes de la semana próxima el Senado, que debe actuar como jurado, “analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación".
El Senado debe limitarse a declarar si el acusado es o no culpable, para lo cual se necesita el voto de dos tercios de la Cámara, esto es 29 de los 43 escaños, aunque la oposición solo controla 24, por lo que debería lograr el respaldo de, al menos, 5 oficialistas.
Si acaso Piñera fuera declarado culpable, sería destituido de su cargo y no podría desempeñar ningún cargo público por cinco años.
Desde el 8 de octubre, cuando se conoció la investigación periodística, la Fiscalía investiga si Piñera realizó u omitió gestiones en su calidad de funcionario público, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas por la venta de la firma Dominga.
La acusación votada en Diputados le adjudica “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.