El expresidente Mauricio Macri debió enfrentar esta semana las dos noticias judiciales más relevantes desde que dejó la Casa Rosada: fue llamado a indagatoria acusado de haber ordenado tareas de espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y uno de sus hermanos se presentó ante la justicia para querellarlo por un presunto fraude económico vinculado al vaciamiento del Correo Argentino S.A.

Esas noticias lo encontraron en Miami, Estados Unidos, en lo que debería ser, al menos por un tiempo, uno de sus últimos paseos por el exterior porque el juez que lo convocó a indagatoria para el 7 de octubre le impuso la prohibición de salir del país, medida que se hará efectiva cuando esté de regreso en Argentina.

Espionaje ilegal

La primera citación a indagatoria a Macri en su calidad de expresidente tiene, curiosamente, el mismo objeto que aquella causa por la que estuvo procesado hasta pocos días después de asumir como Presidente: supuestas maniobras de espionaje ilegal.

Macri fue procesado como jefe de Gobierno porteño y luego sobreseído, ya como jefe de Estado, en la causa en la que se investigaban presuntas escuchas ilegales, entre otros, a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA; mientras que su primera citación a indagatoria ya como exmandatario es por supuesto espionaje ilegal a los allegados a los tripulantes del ARA San Juan, hundido durante su gobierno.

Al llamarlo a indagatoria, el juez federal de Dolores Martín Bava, escribió: "Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri".

La causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los allegados a las víctimas del hundimiento del San Juan se inició el año pasado luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunciara el hallazgo de tres pendrives con información que daba cuenta de la inteligencia prohibida.

Esos pendrives fueron hallados en la dirección provincial de Mar del Plata, permitieron detectar al menos seis maniobras de seguimiento y espionaje y, según surge del expediente judicial, muchos otros documentos fueron destruidos antes de que los encontraran.

En esta causa, Macri deberá defenderse de una acusación que lo vincula con la orden de "obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".

Fraude económico

El otro frente judicial que se le abrió a Macri esta semana tiene que ver con su hermano Mariano que se presentó como querellante en la causa en la que se investiga si el gobierno de Cambiemos intentó favorecer a la empresa Correo Argentino S.A., del Grupo Macri, en el marco del concurso de acreedores.

Mariano Macri se presentó como uno de los accionistas de Socma Americana S.A., "firma controlante de Sideco Americana S.A. que, para el momento de los hechos que se investigan, resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino S.A." y se preguntó si el supuesto vaciamiento de la empresa postal no lo perjudicó a él también dado que no habría sido parte de la maniobra pero si le correspondía saber qué pasaba con la empresa.

"Los hechos investigados se relacionan con la posible administración infiel y vaciamiento de aquella firma y de que, en principio, esa administración -por parte de algunos de los accionistas y Directores- habría originado un perjuicio a la administración pública, no puede descartarse respecto que esas mismas conductas fraudulentas hubieran importado un perjuicio para el suscripto y para los restantes accionistas de Socma Americana S.A", planteó Mariano Macri.

La batalla judicial de Mariano Macri contra sus hermanos Mauricio y Gianfranco no terminará ahí: el hermano menor de los Macri buscará involucrarse en cualquier expediente donde considere que puedan estar siendo investigados fondos que debieron haber sido administrados por todos los hijos de Franco, el fallecido padre de la familia.

Como parte de esa estrategia, que viene preparando hace muchos meses, Mariano Macri contrató a los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, letrados de amplia trayectoria y amplio conocimiento de los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan la mayoría de las causas vinculadas al gobierno de Macri.

Rusconi y Palmeiro ya se presentaron como abogados defensores de Mariano Macri en la causa en la que se investigan movimientos de dinero entre cuentas bancarias, adjudicadas a Mariano y Gianfranco Macri como beneficiarios, radicadas en Suiza y Alemania: en ese expediente sus abogados tendrán la difícil tarea de despegar a Mariano de Gianfranco.

La novedad de esa causa es, además, que allí se incorporó la investigación que daría cuenta de que parte de los activos que Gianfranco Macri blanqueó en 2016 –promovido por el gobierno de su hermano, pertenecían en realidad a su madre, Alicia Blanco Villegas, lo que corroboraría la lectura de Mariano Macri sobre cómo se manejaba la familia y el rol que cumplía su coimputado: el de testaferro.