No solo cuestionará la excarcelación; también, la calificación legal que cambió el delito por el que López y su socio Fabián De Sousa están procesados y el monto del embargo. Así lo informaron a LA NACION fuentes de Comodoro Py. El recurso de Casación de Moldes se sumará al ya presentado por la AFIP.

 

En principio, ni la calificación legal ni la libertad concedida a un acusado son motivos que justifiquen la intervención de la Cámara de Casación. Una vez presentado el pedido de Moldes, será la Cámara Federal, la misma que dictó el fallo cuestionado, la que resuelva si concede o no los recursos; es decir, si les habilita o no a Moldes y a la AFIP el camino al máximo tribunal penal. Si no lo hace, las partes podrán ir "en queja" directo a la Casación.

 

 

Los camaristas que liberaron a López son Jorge Ballestero y Eduardo Farah; Leopoldo Bruglia, el tercer miembro del tribunal, votó en disidencia.

 

En este caso es posible que ellos concedan el recurso. Un argumento para forzar la llegada a la Casación es que el cambio de calificación de López tiene entidad para ser discutido ante ese tribunal porque podría causar un "gravamen irreparable". Es lo que sostienen quienes dicen que si es un delito tributario -y no una defraudación- podría, eventualmente, extinguirse la acción penal con el pago de lo adeudado. Este argumento es relativizado por otras fuentes judiciales que advierten que para eso la AFIP debería dar su visto bueno -previo cumplimiento de muchos requisitos- y la Justicia debería declarar extinguida la acción.

 

En diálogo con sus colegas, uno de los camaristas que liberaron a López sostuvo que aunque las decisiones cuestionadas difícilmente pueden entenderse como materia de Casación, iba a votar por conceder el recurso para no seguir echando nafta a las críticas en su contra. En la fiscalía de Moldes esperan presentar el recurso hoy o, a más tardar, el martes, después del fin de semana largo.

 

 

En la Cámara de Casación, el caso les tocará a los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa. Riggi se sumó al tribunal por la excusación de Carlos Mahiques, que pidió abstenerse de intervenir en la causa porque Ignacio Mahiques, uno de sus hijos, interviene en una causa conexa colaborando con el fiscal del caso, Gerardo Pollicita.

 

Riggi ya intervino en esta causa. Junto con su colega Liliana Catucci sostuvo que el caso contra Cristóbal López debía quedarse en la Justicia Federal Penal, en Comodoro Py, como una presunta defraudación al Estado. López está procesado por haberse quedado, a través de su empresa Oil Combustibles, con unos 8000 millones de pesos del impuesto al combustible que les cobraba a los clientes de sus estaciones de servicio y que debía entregarle al Estado.

 

Cuando presentó su recurso de Casación contra el fallo de Ballestero y Farah, la AFIP sostuvo que la calificación ya había sido resuelta "pocos días" antes por el máximo tribunal penal y que Ballestero y Farah "de modo inexplicable" la modificaron.

 

Es la única miembro titular de la Sala I de la Cámara de Casación que interviene en este caso contra Cristóbal López. El Gobierno la acusa de ser cercana al kirchnerismo -fue nombrada por Cristina Kirchner- y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, impulsó una investigación en su contra, acusada de haber aceptado para el tribunal computadoras y televisores del entonces ministro de Planificación Julio De Vido

 

Lleva 23 años en la Cámara de Casación. Fue designado por Carlos Menem. De buena llegada con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en los últimos tiempos Hornos posibilitó con sus votos la reapertura de la causa contra De Vido por presunto enriquecimietno ilícito. También votó para que se investigara la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado contra la AMIA

 

Preside la Cámara de Casación, que integra desde su creación, en 1992. Fue elegido por Carlos Menem. De carrera judicial, había sido nombrado juez, por primera vez, en 1978. Riggi ya intervino en este caso. Junto con su colega Liliana Catucci, sostuvo que la causa contra Cristóbal López debía quedarse en Comodoro Py y ser investigada como una defraudación, no como evasión. Esa calificación es la que ahora reclaman el fiscal y la AFIP