Ante lo que se considera una connivencia non sancta entre el titular de la señera institución Colegio de Agrimensores, Carlos Herrera, y su hijo que es el actual Director Provincial de Catastro, la cúpula de la entidad renunció en pleno, y luego su presidente presentó su dimisión. 

 

También quedó en el ojo de la tormenta la secretaria de Tierras, Irene Zárate Rivadera, que, según algunas fuentes consultadas por El Diario de La Rioja es el “epicentro de todo este desbarajuste, ya que se excedió en sus funciones, hasta el punto que está cometiendo prevaricato”.

 

Sucede que tal como ya adelantó El Diario de La Rioja, Zárate Rivadera cajoneó la mayoría de los trabajos de los profesionales agrimensores, a tal punto que desde hace casi un año -inédito también en la historia de la agrimensura riojana- los expedientes se acumulan y aún están sin la aprobación correspondiente, salvo algunos privilegiados cuyo trámite es veloz.

 

Esta situación anómala trae múltiples perjuicios al profesional que actúa, a los escribanos, a los propios tenedores que por esta incertidumbre están a un paso de llamar a otros profesionales del derecho, los únicos que saldrían beneficiados por esta anómala situación.

 

La cuestión no termina alli ya que la FADA (Federación Argentina de Agrimensores) está tomando cartas en el asunto que cada día va tomando ribetes de escándalo de continuar la secretaria de Tierras reteniendo las mensuras de particulares y que no tocan los bienes del Estado Provincial.

 

Según directivos de esta entidad nacional, “nunca se ha visto en ninguna provincia esta manera de trabajar y que perjudica a muchos sectores, ya que en los anales de la agrimensura en tiempos pasados o con la alta teconología actual, es muy fácil de verificar los trabajos de los profesionales y en tiempos récords”.

 

Un ingeniero de la entidad nacional que prefirió el anonimato deslizó que “los agrimensores no nos negamos a que nos hagan inspecciones a nuestro trabajo, pero la inspección tiene que hacerse correctamente: Notificando a las partes, estar presentes y recorrer la propiedad para que el ente que corresponde al poder de policía emita un informe y luego haga un dictamen”.

 

“Pero no de esta manera. Querer hacer una inspección desde la puerta de la propiedad; una inspección o una constatación ¿Qué tipo de constatación sería eso? ¿Desde la puerta pueden ver el tipo de materializacion que tiene la propiedad en todos sus lados?; estamos al tanto de lo que está ocurriendo en La provincia de La Rioja”.

 

Finalmente aseveró que “no podemos permitir semejante atropello al trabajo de los agrimensores”.

 

Otra de las incongruencia es que el agrimensor que acompaña a la escribana, es empleado de la Secretaría de Tierras y sin embargo no está inhabilitado para ejercer su profesión, o sea que es juez y parte pues cuando haga un trabajo ¿Quién lo auditaría a él?

 

Una vez verificada la mensura y aprobada, son los jueces -en caso de usucapir- los únicos que deben decidir sobre la propiedad y otorgar el debido dominio, según antecedentes y el animus domini del interesado.