Pese al coronavirus y la creciente militarización de las fronteras, cada vez más familias y niños centroamericanos optan por emprender la peligrosa ruta migratoria hacia Estados Unidos ante el recrudecimiento de la pobreza y la violencia en la región, exacerbadas por la pandemia y el cambio climático, y la esperanza de una mayor apertura con el Gobierno del demócrata Joe Biden.

En marzo pasado, más de 172.000 personas fueron detenidas en la frontera con México, la cifra más alta registrada desde abril de 2000, según datos de la Patrulla Fronteriza estadounidense.

Una tendencia que se ha intensificado desde la asunción de Biden, con más de 78.444 detenidos en enero y 101.028 en febrero, si bien el mandatario mantiene la política de su predecesor de expulsar y deportar a México a todo aquel que representa "un riesgo alto de salud pública" durante la pandemia.

No obstante, el líder demócrata exceptuó a los menores no acompañados, lo que explicaría el récord de 18.663 niños solos interceptados en el límite fronterizo en marzo pasado, muy por encima de los 11.475 registrados en mayo de 2019, que era el máximo desde que empezó a contabilizarse en 2009.

En su mayoría, estos niños y adolescentes buscan reunirse con sus padres u otros tutores legales que residen en Estados Unidos.

También el número de menores migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente desde inicios de este año, al pasar de 380 a casi 3.500 -nueve veces más en tres meses-, según informó Jean Gough, directora de Unicef para América Latina, en un comunicado.

Algo similar sucede con las familias, que junto con los niños no acompañados, representaron más del 40% de los interceptados en marzo por las autoridades estadounidenses, frente al 13% tres meses antes.

Mientras el Gobierno de Biden expulsa a prácticamente todos los adultos que viajan solos sin darles la oportunidad de pedir asilo, las familias y los menores gozan de mayores protecciones legales.

Dos de cada tres familias interceptadas en marzo fueron autorizadas a permanecer en Estados Unidos para pedir asilo, según datos oficiales consignados por la cadena ABC.

Las autoridades estadounidenses tropiezan con la reticencia de México a aceptar las expulsiones de familias con menores de seis años, sobre todo en el Valle del Río Grande, el corredor más usado por los migrantes, que separa el sur de Texas, en Estados Unidos, con el norte del estado mexicano de Tamaulipas.

Esto ralentizó las deportaciones y llevó a Washington a programar vuelos diarios a las localidades fronterizas de San Diego y El Paso para realizarlas desde allí. Pero ante el creciente flujo migratorio, muchas familias son liberadas mientras esperan la resolución de sus demandas.

La mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos provienen de México y los países del denominado Triángulo Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras-, una zona golpeada desde hace años por la pobreza estructural y la violencia organizada.

Pero si cada vez más familias deciden emprender en plena pandemia esta travesía plagada de peligros o se ven en el extremo de enviar a sus hijos solos, es porque el deterioro de la situación en la región se ha disparado con el impacto de la crisis sanitaria y los desastres naturales.

El impacto económico de la pandemia llevó en 2020 a unos 45,4 millones de centroamericanos a la pobreza, según la ONG Comité Internacional de Rescate.

Este duro contexto empeoró en noviembre pasado, cuando los huracanes Eta e Iota azotaron con tres semanas de diferencia a la región, destruyendo a su paso viviendas, cultivos, ganado y empleos, y dejaron a 3,4 millones de personas con necesidad de asistencia urgente.

También la violencia se ha agravado durante la pandemia, especialmente la doméstica cuyos índices se dispararon con el confinamiento, y junto a la extorsión y al reclutamiento de menores por pandillas contribuyeron a un aumento en el número de niños y familias que intentan migrar hacia Estados Unidos.

"Las familias centroamericanas no están emigrando, están huyendo. Estos niños y sus padres escaparon de la criminalidad de las bandas, de la violencia doméstica, de la pobreza, de los huracanes devastadores y de la pérdida de empleo debido a la pandemia en sus países de origen", afirmó Gough.

"¿Por qué iban a regresar? A menudo, no hay nada por lo que puedan volver", sentenció.

La travesía para llegar a Estados Unidos, que puede durar hasta dos meses, no está exenta de trabas y peligros, algo que favorece la formación de caravanas compuestas por miles de migrantes para emprender el viaje en grandes grupos.

La última salió de Honduras en enero pasado, pero fue reprimida y disuelta a los pocos días en territorio guatemalteco.

Con el pretexto de "prevención por la pandemia de Covid-19", los Gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala decidieron prohibir el paso de las caravanas migrantes, a la vez que incrementaron el despliegue de policías y militares en sus fronteras.

Estos bloqueos hacen que mucho migrantes recurran a traficantes que, según alertó la directora regional de Unicef, "se aprovechan descaradamente de su desesperanza y ponen en peligro sus vidas".

En la actualidad, la mayoría de migrantes intentan entrar a Estados Unidos a través del Valle del Río Grande, donde cruzan ilegalmente en botes inflables el río Bravo, como se lo denomina en México.

No obstante, muchos de ellos serán detenidos o deportados. Según las cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense, en el primer trimestre del año 104.680 personas fueron arrestadas y 236.376 expulsadas en la frontera con México.

El 63% de estas detenciones y el 43% de estas deportaciones se produjeron en marzo.

Pero estas cifras no los van a disuadir: Unicef estima que unos 150.000 niños migrantes y familias afectadas por la violencia en sus lugares de origen en todo México necesitarán asistencia de emergencia y desarrollo en los próximos dos años.