El fiscal Municipal, Pedro Carreño, informó que días atrás fue presentado un recurso de amparo, que se encuentra a la espera de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, sobre su admisibilidad en el que se pide que la empresa Rioja Bus y el gobierno provincial respeten la competencia Municipal en materia del servicio de transporte público urbano de pasajeros y el cumplimiento de las ordenanzas municipales que establecen las autorizaciones y controles debidos por parte del Municipio.

“La emergencia no es razón suficiente para que se violen principios Constitucionales fundamentales tanto de la Constitución Nacional como Provincial, la Ley Orgánica Municipal y Ordenanzas municipales y demás normas que establecen incuestionablemente la competencia municipal en materia de transporte urbano”, señaló el funcionario que además indicó que “de ninguna manera la Municipalidad pretende que se suspenda ni que se interrumpa el servicio, si no por el contrario busca mejorar y garantizar la calidad de la prestación del mismo”.

Sin embargo el fiscal apuntó que la provincia no puede arrojarse atribuciones que no le corresponde porque incurriría en un abuso de sus poderes y atribuciones en perjuicio de otra de las funciones del Estado que es la Función Municipal, que tiene reconocida y asegurada por la Constitución autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera.

En este sentido, Carreño indicó que hay todo un cuerpo normativo que indica la autorización para funcionar, el control del cumplimiento de los requisitos generales y particulares para poder funcionar y los controles e inspecciones jurídicas y técnicas que debe hacer la Municipalidad, tanto sobre la empresa, su personal y su establecimiento, como de las unidades que van a prestar el servicio que no se han cumplido como corresponde. Y agregó que además la puesta en marcha del servicio involucra otras competencias municipales como el planeamiento urbano, el uso del suelo, que tampoco se han tenido en cuenta.

Asimismo, indicó que esta actitud “compromete pautas contractuales que la Municipalidad tiene con anterioridad con terceros, como lo son las dársenas del servicio de estacionamiento medido que debería modificarse para que los colectivos puedan circular por las calles, entre otras observaciones”.

Otra de las cuestiones que se plantean en el amparo son las facultades que le corresponden exclusivamente al Concejo Deliberante como es el de fijar los recorridos y el precio del boleto que además se fijó un monto y no se argumentaron las razones y que a juicio del Municipio debería estar en una suma inferior para favorecer la accesibilidad de la gente al transporte público.

“Esperamos una pronta respuesta del Tribunal, favorable al planteo muy sólido, bien fundado y justo del Municipio”, subrayó el fiscal.