Esta tríada compuesta por los titulares de esas carteras, Carlos Sebastián Herrera (hijo), Carlos José Herrera (padre), e Irene Zárate Rivadera (una especie de espíritu santo), está caldeando los ánimos de profesionales y público en general por la retención indebida de los expedientes presentados a la Dirección General de Catastro de la Provincia.

Por ahora una soterrada indignación recorre todo el ámbito de los interesados en sanear sus tierras, ya que el Director de Catastro, Carlos Sebastián Herrera es incapaz de dar respuesta a los múltiples pedidos para que alrededor de 150 expedientes sean aprobados, o por lo menos revisados y entregados a los profesionales agrimensores.

A pesar del poder de policía que la ley 3778 le confiere, Herrera (hijo), ya que su padre es el presidente del Colegio de Agrimensores, no ha podido desde hace meses dar respuesta a los trabajos de los ingenieros agrimensores, bajo el pretexto de que la titular de Tierras, Irene Zárate Rivadera es quien tiene la última palabra y quien debe visar previamente esos expedientes.

En tanto, el presidente del Colegio de Agrimensores de la Provincia, Carlos José Herrera (padre del titular de Catastro) por ahora ha hecho caso omiso a los múltiples reclamos de los agrimensores, ni para hacer un reclamo administrativo ni mucho menos judicial.

Claro que por ahora esas exigencias fueron realizadas de manera verbal, por lo que no han quedado registros de las mismas, aunque sí hay múltiples pruebas de la retención indebida de los expedientes por parte de Catastro/Tierras, ya que un trámite normal dura unos 45 días, en tanto que esa retención están detenidos desde hace unos tres meses aproximadamente.

Pero existen otras pruebas taxativas de la inacción del Director de Catastro y su temor a la secretaria de Tierras, que es quien tiene la última palabra.

Graves implicaciones económicas y morales

Esta inacción por parte del Estado ha traído aparejado graves problemas económicos y morales, ya que se ven afectados en secuencia, los ingenieros agrimensores, los abogados, escribanos y particulares; todos ellos damnificados al no poder iniciar sus trámites usucapitorios.

El Director de Catastro aduce que la ley especifica que es la Secretaría de Tierras quien tiene la última palabra, pero el Decreto 118 es bien claro en cuanto al papel que le cabe a este organismo y que es solo velar por los bienes del Estado.

Los alrededor de 150 expedientes retenidos son específicamente bienes particulares y que de última el Código Civil Argentino es muy claro sobre cómo adquirir el dominio vía un juicio de Información Posesoria, sin que ningún funcionario deba arrogarse una potestad que no le corresponde.

La cosa no termina aquí, ya que varios profesionales agrimensores, según pudo saber El Diario de La Rioja, están a punto de presentar en forma individual varias presentaciones judiciales.