La Argentina comenzó el año con una crisis heredada y una pandemia de coronavirus que golpeó al mundo, y lo cierra tras una exitosa reestructuración de la deuda con privados y en vías de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de leve reactivación de la economía.

El gobierno del presidente Alberto Fernández asumió en medio del peor escenario posible: una economía argentina en recesión que creció por última vez en 2017, y una pandemia que a fines del año pasado comenzó a ser noticia en China, que rápidamente se extendió a todo el planeta y que en la actualidad está en su segunda ola en gran parte del mundo.

Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario nacional para lo que se venía, el Gobierno dispuso el 19 de marzo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) e implementó programas de asistencia económica para los numerosos sectores que tenían vedada su actividad, a través de los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llegó a alrededor de 9 millones de personas.

El pago de la ayuda de $10.000 a los sectores sociales más necesitados disparó la apertura de más de cinco millones de nuevas cuentas bancarias nuevas, en un país que en la comparación internacional aún mantiene bajos niveles de bancarización, que es la utilización que hace el público del sistema bancario.

Cerrada la posibilidad de endeudamiento y tras el acuerdo con el FMI de 2018 de un préstamo fenomenal de hasta US$ 57.000 millones, tras el resultado de las elecciones primarias de 2019 el por entonces ministro Hernán Lacunza anunció el "reperfilamiento" de la deuda deuda en pesos, un eufemismo que determinó una virtual situación de default técnico.

Frente a este cuadro de situación, el nuevo gobierno asumido el 10 de diciembre de 2019 no tuvo otra alternativa que recurrir a la emisión monetaria para financiar estos programas sociales y en resguardo del empleo y la producción.

Se orientó con estos fines el equivalente a entre 4 y 6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), pero la fuerte expansión monetaria comenzó a repercutir en el mercado cambiario, con un dólar informal o "blue" que empezó una fuerte escalada hasta rozar los 200 pesos en octubre pasado, con una brecha superior al 100% con el dólar oficial.

Si bien el blue es un mercado muy pequeño, lo que pasa en ese mundo que opera en las cuevas del microcentro genera nerviosismo, y no falta algún formador de precios que aplica remarcaciones por lo que considera una devaluación inminente, pese a que los precios se rigen mayoritariamente por el dólar oficial.

Lo mismo sucede con los exportadores de granos, que ante este tipo de situación suele especular con la devaluación del peso y retacean la liquidación de divisas especulando con un mayor precio del dólar.

La ayuda del Estado a paliar la crisis por la pandemia de coronavirus y pagar los sueldos alcanzó a pymes y también a grandes empresas, muchas de las cuales suelen depositar sus ganancias en el exterior en épocas de bonanza.

Ante esta situación, la conducción económica implementó medidas para restringir la venta de dólares a US$ 200 por mes, aplicando primero un 30% de impuesto País y luego un 35% de recargo de Ganancias al valor oficial del dólar, con la premisa de preservar las reservas del Banco Central (BCRA).

A partir de las restricciones que se le impusieron al público a la compra de divisas, comenzaron a tener protagonismo dólares alternativos que ya existían pero que el común de la gente no conocía, como el dólar MEP o Bolsa, que es la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares; o el Contado con Liquidación (CCL), a través de operaciones con acciones o bonos y de este modo obtener dólares en el exterior.

Otra herramienta importante que utilizó la conducción económica fue la colocación de bonos para secar la plaza de pesos, y ante la víspera de fin de año en que se deben pagar aguinaldos, las empresas comenzaron a vender sus dólares para afrontar los compromisos en moneda nacional.

De este modo, el mercado de cambios se fue calmando paulatinamente y el blue comenzó a bajar y también se redujo la brecha con el oficial, que inició esta semana a $ 87,50 luego de pequeños retoques acompañando la inflación, en el marco de la estrategia oficial de no permitir el retraso cambiario y mantener competitivo el tipo de cambio.

La ayuda del Estado a paliar la crisis por la pandemia de coronavirus y pagar los sueldos alcanzó a pymes y también a grandes empresas, muchas de las cuales suelen depositar sus ganancias en el exterior en épocas de bonanza.

Los dirigentes del sector empresario reiteraron sus reclamos de que se baje el gasto público, pese a que más del 50 por ciento corresponde al gasto social (jubilaciones y asignaciones) y no ocultaron su disconformidad por el Aporte Extraordinario que aprobó el Congreso que alcanza a algo más de 10 mil personas que poseen fortunas que superan los 200 millones de pesos, para paliar las consecuencias sociales de la pandemia.

En el seminario ProPymes organizado por la multinacional Techint, el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó en claro que el Gobierno no está en condiciones de reducir los ingresos fiscales, ante la consulta en tal sentido formulada por Paolo Rocca, CEO del grupo empresario.

Guzmán, que obtuvo un importante éxito al reestructurar la deuda con tenedores de bonos privados, y que le permitió al país extender sus vencimientos de deuda y reducir en más de US$ 30.000 millones el pago de intereses, se encuentra en plena tarea para renegociar la deuda de US$ 44.000 que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, de un total de US$57.000 millones cuya parte restante quedó suspendida en su ejecución.

Con el FMI el Gobierno está negociando un Acuerdo de Facilidades Extendidas, que podría cerrarse a fines del primer trimestre del año próximo.

Tras la fenomenal caída registrada en el nivel de actividad durante el segundo trimestre del año, a fines de septiembre la economía empezó a mostrar signos de recuperación, aunque en forma heterogénea.

Uno de los puntos centrales es que la Argentina consolide el equilibrio fiscal, y tras este objetivo se restringieron los ATP y el IFE, y se comenzó a evaluar un progresivo descongelamiento de las tarifas de los servicios públicos en 2021, para lo cual estableció el inicio del proceso la renegociación de la revisión para el gas y la electricidad.

Con el mismo objetivo se instrumentó el Plan Gas, a fin de motorizar la producción y reducir las importaciones de este combustible, con el consiguiente ahorro en divisas.

Este año la balanza comercial cerrará con superávit, más que nada por la caída en las importaciones como consecuencia de la recesión.

En este contexto, tras la fenomenal caída registrada en el nivel de actividad durante el segundo trimestre del año, a fines de septiembre -con la flexibilización de las medidas de aislamiento- la economía empezó a mostrar signos de recuperación, aunque en forma heterogénea.

La construcción, algunos sectores de la industria y la producción de alimentos picaron en punta, y los más complicados son el comercio, la gastronomía y el turismo, entre otros. De no haber una segunda ola de coronavirus que impacte de lleno en abril o mayo y que la vacuna no alcance a mitigarla, la Argentina podría volver a crecer en el 2021 después de tres años de recesión.