De cara al ciclo legislativo que se acaba de iniciar, Agustín Rossi presentó un proyecto de ley que contempla congelar los precios de las tarifas por un año en todo el país. Se trata de una promesa que el hoy presidente de bloque de diputados del FPV-PJ hizo durante la última campaña electoral.

El proyecto apunta a retrotraer al último 31 de diciembre los valores de las boletas de luz, gas, agua y cloacas. Si la norma se aprueba, no habrá aumentos por un año. Tampoco se podrá cortar el suministro por falta de pago de facturas de 2016 y 2017. Además, se establece que los futuros incrementos deben ser de acuerdo a criterios de equidad, o que no podrán exceder el Coeficiente de Variación Salarial. Además, prevé que los aumentos futuros deberán ser a razón de no más de uno por año en cada servicio y de manera escalonada.

“Va a significar un alivio inmediato para el bolsillo de los trabajadores argentinos”, aseguró Rossi sobre un proyecto que “producirá efectos positivos para la industria y el comercio”. En los fundamentos recordó los efectos del tarifazo del gobierno de Mauricio Macri apenas asumió, y “que marcaron un camino de aumentos de tarifas que continúa actualmente y se anuncia también para el futuro, desfasado de la evolución del poder adquisitivo y de pago” de los ciudadanos.

Además, recordó que la Corte Suprema intervino en agosto de 2016 tras un recurso colectivo de amparo, un fallo que “no resuelve la política pública en materia de servicios públicos”. De allí que, en opinión de Rossi, es el Congreso el que “debe legislar en favor de la sostenibilidad social y productiva de los servicios públicos, de los derechos de usuarixs, que demandan el acceso a los servicios públicos como un derecho, no un privilegio”.

El diputado también ponderó el hecho de que, “que la evolución mensual de las interrupciones” a nivel de suministro eléctrico, “no han mejorado” a la par de la suba de tarifas, “empeorando la situación de los cortes” durante el último año.

El proyecto hace hincapié en el hecho que se quiera encarar un aumento tarifario del 26 por ciento, que empeorará todavía más la situación, “cuando la inflación de la Ley de Presupuesto 2018 propuesta por el gobierno es del 15,7 por ciento”. En este contexto, el Estado queda “relegado a mero instrumentador de los intereses y necesidades de las empresas”.

Finalmente, Rossi recordó que la política tarifaria del macrismo “es contraria a lo sostenido por el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, que estipula que “los gastos  relacionados con la vivienda no deben comprometer el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas, y que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso”.