El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó por unanimidad el llamado "Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia".

El documento consiste en indicadores epidemiológicos que permiten orientar a las distintas jurisdicciones en la toma de decisiones con relación al retorno a las clases presenciales, con información objetiva sobre el nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.

Según el documento, hasta la culminación del ciclo lectivo 2020, las jurisdicciones "promoverán el regreso progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales con el objetivo de revincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases presenciales antes de la pandemia".

Al proceso se lo denomina "presencialidad limitada" enmarcada en los protocolos de regreso consensuados por Nación y provincias, que incluyen una inversión ya realizada de 2.300 millones de pesos en insumos de higiene y readecuación de infraestructura en los establecimientos educativos de todo el país.

En el marco de una evolución de la pandemia "muy dinámica" que requiere la toma de decisiones tras un abordaje multidipliscinario, el retornos a las escuelas debe respetar previamente nueve puntos elaborados por los especialistas de salud:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.

Por otro lado, deberán tenerse en cuenta los indicadores epidemiológicos que articulan con esos nueve puntos: Bajo riesgo (reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades en el marco del protocolo y lineamientos establecidos en la Resolución CFE N° 364/2020 y otras especificaciones), y Mediano riesgo (actividades educativas no escolares -artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras- destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas preferentemente al aire libre; actividades presenciales de cierre del año para estudiantes del último año de nivel primario y de nivel secundario.

Vale advertir en zonas consideradas de Alto riesgo de contagio, que incluye una ocupación de camas superior al 80 por ciento, no está previsto el retorno presencial a las escuelas.