Apenas llegó a su despacho la causa por el espionaje del que fue objeto la familia de Santiago Maldonado, el juez federal Daniel Rafecas tomó dos decisiones. Por un lado, pidió copia del expediente que investiga en Chubut la desaparición y muerte del joven tatuador porque es ahí donde fueron encontradas las pruebas de las tareas de inteligencia ilegal que desplegó Gendarmería no sólo sobre la familia Maldonado sino también sobre su entorno, sus abogados y hasta los miembros de las redes de apoyo a la comunidad mapuche, en conflicto con la mayoría de los terratenientes de la Patagonia. Y además aceptó que la autora de la denuncia, la legisladora del FIT Myriam Bregman, sea querellante en esta causa que se inició en los Tribunales Federales porteños a partir del fallo de la Cámara que estableció su competencia. La causa obtuvo finalmente el requerimiento que impulsa la acción penal, por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán. “La persistencia en la denuncia por parte de la familia y los organismos de derechos humanos lograron que después de meses comience la investigación”, dijo a PáginaI12 Matías Aufieri, patrocinante de Bregman y miembro del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos).

 

Rafecas se reservó para sí el rumbo que tomará el expediente 18637/2017 caratulado “Cané Gonzalo s/averiguación de delito”, y determinó que “para tomar cabal conocimiento de la plataforma fáctica vinculada con los presuntos actos de inteligencia ilegal denunciados corresponde oficiar al juzgado federal de Esquel a fin de que remita de manera urgente a este tribunal” copia de las causas de desaparición forzada y de hábeas corpus por Santiago Maldonado. También solicitó copia de “todo el material audiovisual, ya sea fotográfico, fílmico, audios o archivos digitales o de cualquier otro formato, extraídos de computadoras y/o teléfonos celulares y/o cualquier otro dispositivo”. El magistrado aclaró que estas copias deberán tener relación con el objeto procesal que se investiga, para lo cual adjuntó el dictamen fiscal que así lo estableció.

 

PáginaI12 reveló el 27 de septiembre el espionaje ilegal que comenzaron a hacer los gendarmes pocas horas después de la desaparición de Santiago https://www.pagina12.com.ar/65430-el-espionaje-ilegal-de-los-gendarmes , que surgía de los resultados de los peritajes de sus teléfonos. En el teléfono de Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, que cumplió tareas esenciales en el operativo represivo del 31 de julio y 1° de agosto, apareció este mensaje con fecha 7 de agosto: “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”. También habían elaborado un informe de los viajes de Santiago, obtenido de la base de datos de Migraciones. “No me permito desviarme y analizar que invadieron mi privacidad porque no tengo nada que esconder, me jode pero ya tendré tiempo de ir contra todos, ahora la prioridad es Santiago”, había dicho en ese momento Sergio Maldonado a este diario. Todo indica que ese momento está llegando. Hace dos semanas, el hermano mayor del tatuador había relatado otros episodios de seguimiento ante la Cámara Federal, tales como haber escuchado al otro lado de su habitación en un hotel céntrico a alguien leyendo el discurso que había dado su esposa en Plaza de Mayo el 11 de agosto, o las llamadas que recibieron todos sus amigos y contactos con supuesta información oficial sobre Santiago. Además, el lunes pasado este diario publicó una de las pruebas centrales que permitieron el impulso de esta causa: un mensaje de texto que la cuñada de Maldonado envió como pedido de ayuda a Juan Carr, de la Red Solidaria, a tres días de la desaparición de Santiago, que apareció en el teléfono del comandante Méndez, a su vez reenviado nada menos que a Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Será ahora sí tarea del juez Rafecas desentrañar cómo y por qué llegó un mensaje privado de Andrea Antico a los teléfonos de estos funcionarios públicos, quienes además fueron piezas claves en el encubrimiento porque en declaraciones públicas de esos mismos días afirmaban que Maldonado jamás había estado en Cushamen, el territorio mapuche recuperado de manos del magnate Benetton donde avanzó Gendarmería el 1º de agosto para reprimir una protesta, de la que participaba Santiago, por la liberación de su lonko, Facundo Jones Huala.

 

En octubre decía Bregman en su denuncia: “Hemos tomado conocimiento en el marco de las causas judiciales que se instruyen a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, que se persigue e investiga ilegalmente a su familia y a quienes reclaman por la aparición con vida del joven, quienes son sometidos a inteligencia ilegal por esos mismos cuerpos de información que aquí se denunciaron y que obran sobradas muestras sobre que toda esa información recabada en múltiples lugares del país se reúne en el Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo, y que el sistema informático que centraliza ese material funciona en la sede central de Gendarmería Nacional, el Edificio Centinela de esta CABA.” Los abogados y abogadas del Ceprodh relataron que también detectaron seguimientos cuando estuvieron en Esquel, en bares y estaciones de servicio del centro, y que fueron fotografiados por personal de civil con teléfonos celulares. Y lo mismo vivieron Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH y autores de la primera denuncia por la desaparición de Santiago, quienes además viven a pocos kilómetros de la zona en conflicto.

 

Este espionaje a la familia Maldonado tuvo ayer su puntapié inicial formalmente como causa abierta en la justicia federal porteña, y tiene ya como acusado al secretario de Relaciones con los Poderes del Ministerio de Seguridad y enviado especial de Bullrich en la primera etapa del caso Maldonado, Gonzalo Cané. Al igual que hizo el gendarme Emmanuel Echazú en esa causa, Cané realizó una presentación espontánea que lo deja como imputado pero básicamente también le permite acceso directo a cada paso de la investigación.