El titular del ENACOM, Antonio Ambrosini, mantuvo una reunión con tres de las empresas de telecomunicaciones para “para trabajar una agenda en común de cara a la reglamentación del DNU 690” medida por el cual se estableció que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pasan a ser “servicios públicos esenciales y estratégicos”.
En el marco de “las distintas mesas de trabajo que el organismo mantiene abiertas con todos los actores del sector TIC”, Ambrosini recibió a los representantes Telefónica S.A.; Telecom Argentina S.A.; y AMX (Claro).
En la reunión se acordó la continuidad del dialogo” con el propósito de “establecer una reglamentación que atienda las necesidades de todos los integrantes del sector de las telecomunicaciones y que tengan en cuenta los intereses de los Usuarios y Consumidores”.
Las empresas se comprometieron, según informó ENACOM a “comunicar en forma clara a sus clientes que se suspende cualquier aumento o modificación de precios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga, desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020”.
También se acordó que, en aquellos casos, que “los usuarios y clientes reciban una factura con aumento aplicado, las empresas procederán a emitir una nota de crédito en la próxima facturación”. Es que, de acuerdo al sistema de facturación algunas empresas ya emitieron la factura con el aumento.
“La reunión fue positiva y acordamos trabajar consensuadamente en el avance de la reglamentación del decreto”, señaló el titular del organismo, Antonio Ambrosini a Ámbito.
Una de las preocupaciones de las empresas respecto a ser categorizadas como “servicios públicos esenciales” era el conocer cómo se establecería el mecanismo de futuros incrementos en los servicios. “No se hablará de tarifas”, precisaron los funcionarios del organismo sino de “precios”, es decir que los futuros aumentos serán establecidos con un mecanismo similar al que hoy rige para el sistema de medicina privada.
La diferencia no es menor porque, si se hablase de tarifas, esto obligaría a llevar a cabo Audiencias Públicas y eventualmente podría ocurrir que, si el aumento solicitado no fuera aprobado en su totalidad, el Estado se vería obligado a subsidiar la diferencia.
Desde el Gobierno aclaran que no es intención de incrementar el déficit sino por el contrario, como lo señaló públicamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, reducirlo a 4,5% en el 2021.
La decisión presidencial del DNU 690 avanza y, este jueves se tratará en el Senado de la Nación. Desde el gobierno se insiste que el ánimo de la medida es lograr que “la gente siga conectada, que tenga previsibilidad en los pagos y que las empresas no pierdan plata”.
En la reunión de este miércoles, las empresas, como es lógico, expresaron su disconformidad por el DNU 690 aunque resaltaron que el organismo haya manifestado su “voluntad de trabajar en una reglamentación que contribuya al desarrollo de la industria y del país”. También, expresaron su posición respecto a que “la reglamentación debe contribuir a mantener la sustentabilidad de la industria”.
Asimismo, solicitaron armar una mesa en la que estén todos los actores (grandes, medianos y pequeños), solicitud que fue concedida por el ENACOM.
En un próximo encuentro serán convocadas la totalidad de los actores de la industria (PyMes, Cooperativas, Federaciones y Usuarios) con el objetivo de “establecer una visión integral de cara al futuro y desarrollo del sector TIC durante los próximos años”, según informaron desde el ENACOM.
En fuentes de la Casa Rosada afirman que la decisión está tomada y que no habrá marcha atrás. En el sector empresario también tienen la misma impresión pero aspiran a que la reglamentación aligere la incertidumbre que generó esta medida. Sin embargo, esto no evitará que sigan, en el caso de algunas compañías, el reclamo vía judicial.
