La definición del 4,5% del déficit fiscal primario para el 2021 apunta a, como explicó el ministro de Economía Martín Guzmán, que tiene que ser lo suficientemente grande como “ para impulsar a la economía” pero estar “lo suficientemente contenido” en función de la capacidad de financiamiento.
Cabe señalar que las últimas estimaciones oficiales proyectan que el desequilibrio presupuestario para el año en curso rondará los 7 puntos del PBI. Cálculos privados elevan este desfasaje a 8 puntos. El déficit se vio motorizado tanto por la caída en los ingresos del Estado como por el aumento de los gastos para hacer frente a la crisis desatada por el coronavirus. Los números oficiales arrojan que el esfuerzo estatal para hacer frente a la pandemia supera los 5 puntos del PBI.
En consecuencia, la intención de alcanzar un déficit de 4,5 puntos para el 2021 implicará un recorte del orden de los 2,5 puntos en el desequilibrio proyectado para este año. Economistas sostienen que es “un ajuste posible” ya que casi 2 puntos se explicarían por aumento en la recaudación como consecuencia de la recuperación de la economía. Cabe recordar que el consenso de economistas que releva el BCRA estima un crecimiento del PBI para el 2021 de 5%.
Justamente, en materia tributaria el equipo que comanda Guzmán está trabajando en una nueva reforma de la cual no se conocen muchos detalles. Si ya se sabe que habrá una simplificación impositiva para las pymes reduciendo los 162 impuestos actuales a “solo 5” como anticipó Ámbito y confirmó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en declaraciones televisivas. Esta simplificación busca incorporar a numerosos sectores de la economía informal ampliando así la base de contribuyentes. Pero, resta conocer qué política se aplicará con los grandes contribuyentes. Se especula con que podrían modificarse las alícuotas de Ganancias o de Bienes Personales con el criterio que “quienes más tienen más deben pagar”.
En el Gobierno saben que deberán continuar ayudando a diversos sectores de la economía que quedarán muy golpeados luego de la pandemia. Asimismo, que será difícil disminuir sustancialmente la ayuda social, es más, se teme que pueda llegar a aumentar el porcentaje de personas a las que se deberá asistir, al menos en los primeros meses del año que viene. Entonces, la pregunta obligada es cómo se podrá lograr la reducción del gasto.
La respuesta, tanto en el seno del gobierno nacional como en un sector de los legisladores, es que “por cada peso que el Estado preste o dé tiene que haber una contraprestación”, comenta una alta fuente del gabinete a Ámbito. Este criterio también se aplicará con los planes sociales, “se controlará que trabajen” los beneficiarios y se hará junto con las organizaciones sociales.
Analistas privados interpretan que este esfuerzo fiscal contaría con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el país se apresta negociar créditos por u$s45.000 millones. Se estima que, de manera informal, los técnicos del FMI tuvieron acceso a las planillas del presupuesto que elabora el Ministerio de Economía, según confiaron fuentes oficiales a este medio.
El buen vínculo se notó también este lunes cuando el presidente Alberto Fernández incluyó a Kristalina Georgieva, titular del FMI; entre quienes colaboraron para que Argentina lograra el acuerdo con los bonistas.
En tanto, en el FMI voceros de la entidad indicaron a Ambito que: “Estamos en las etapas iniciales del proceso, que implica escuchar las prioridades de las autoridades y establecer modalidades de trabajo”. Para reiterar que esperan “seguir colaborando con las autoridades en el próximo período para discutir sus planes para fortalecer la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento y la creación de empleo, y reducir la pobreza y el desempleo”.
Al respecto, la intención del gobierno nacional es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y que, dijo el ministro, “está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina y de ir generando condiciones al país para inmunizar al país de los problemas de endeudamiento insostenible”.
Según dijo el propio ministro, se estima que las negociaciones con el organismo multilateral llevarán unos seis meses lo cual implicaría a que recién el año próximo se conseguiría el acuerdo, siempre y cuando el Parlamento lo apruebe.
Sin duda, someter el futuro acuerdo al Congreso es una jugada audaz ya que ambas Cámaras deberán votarlo a libro cerrado, salvo que la estrategia de Guzmán sea firmar el acuerdo con las eventuales modificaciones que planteen los legisladores, situación que, como mínimo, estiraría los plazos oficiales. En el Palacio de Hacienda, se muestran confiados en que no habrá dificultades en el tratamiento del acuerdo con el FMI.
Inversión pública
El titular del Palacio de Hacienda también anticipó que la participación del gasto de capital en el proyecto de presupuesto 2021 tendrá un aumento “sustancial”, encima de 2% del PBI “prácticamente duplicando lo que era en 2019”.
El mayor dinamismo de la inversión pública es posible a partir del alivio en el endeudamiento externo, que alcanza a los 37.700 millones de dólares en los próximos cinco a diez años, según precisó el ministro, tras renegociación con los acreedores privados.
El 15 de septiembre se enviará el proyecto de ley de Presupuesto, que “muestra el marco fiscal y financiero” dijo Guzmán, es decir el programa económico. Ya se conoce un dato, el déficit fiscal, resta conocer la meta de inflación y la política monetaria, entre otros datos.
Algunos economistas manifiestan su temor respecto a “cómo cerrara este año la inflación y el tipo de cambio”. La preocupación es respecto a un eventual atraso del tipo de cambio. En este sentido, se insiste que la inflación no podría superar de aquí en más el 3%, en tanto, otros afirman que, el tipo de cambio ya está algo atrasado, situación que complicaría a las ventas externas. Cabe recordar, que la intención oficial es generar políticas públicas en pos del aumento de las exportaciones para generar las divisas que le permitan a la economía doméstica sostener su crecimiento.
