El abogado Luis Alberto Tagliapietra, familiar de uno de los 44 tripulantes el ARA San Juan, presentó una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento agravado y traición a la patria”. Al imputarlo por el “gravísimo delito de traición a la patria”, Tagliapietra hizo mención al documento difundido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien le fue entregado por Aguad. Precisó que se trata del mensaje naval 251519, de octubre de 2017, en el cual se señalaba que el área en la que debía desarrollar su misión el ARA San Juan incluía las Islas Malvinas, ocupada por una fuerza militar de Gran Bretaña. El mensaje tenía “una corrección manuscrita salvada con la firma del capitán Hugo Miguel Correa y por el capitán Claudio Javier Villamide delimitando el área de operaciones Alejandra”, cuyas coordenadas comprenden la zona en litigio que dio lugar a la guerra con Inglaterra en 1982.
“Cuestiones que tenemos todos los días”
En el documento se señalaba que la zona controlada militarmente por Gran Bretaña formaba parte del área de operaciones de los submarinos Salta y San Juan. El mensaje naval, se precisó en el escrito, “pasó de tener status de confidencial a público” cuando se lo incluyó en el informe a los legisladores. Ese estado público “podría ocasionar un gravísimo conflicto diplomático con Gran Bretaña y poner en riesgo la seguridad de nuestro país en manos de un estado extranjero”. Sobre ese documento que señalaba que el ARA San Juantenía una misión que incluía la zona militarizada de Malvinas, el ministro Oscar Aguad admitió que “debió haber ido a la basura porque era un borrador” y que el submarino desa- parecido realizaba “un ejercicio con la flota de mar y ese fue el objetivo del viaje” (ver aparte).
En su denuncia contra Aguad presentada ante el Juzgado Federal 9, en Comodoro Py, el querellante de la causa madre que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yáñez, señaló que su hijo, el capitán de corbeta Alejandro Tagliapietra, está desaparecido desde el 15 de noviembre pasado, junto con sus 43 compañeros. Recordó que la tripulación cumplía “una operación encomendada por el Ministerio de Defensa y la Armada a través de los comandos de la Fuerza de Submarinos y de Adiestramiento y Alistamiento” de la fuerza. Tagliapietra dijo que está probado que Aguad estaba al tanto de la misión, porque había sido debidamente informado sobre ella por el entonces titular de la Armada, almirante Marcelo Srur.
Tagliapietra sostuvo que “resulta evidente la responsabilidad del doctor Aguad en la desaparición del ARA San Juan y sus 44 tripulantes, en virtud de que tenía conocimiento del estado de innavegabilidad” del buque. En ese sentido, precisó que en enero de 2017 Aguad fue informado por Srur sobre el dictamen emitido por el contralmirante Guillermo Lezana, auditor general de la Armada, acerca de la precaria situación en que se encontraba la nave. En ese informe se señaló que expertos submarinistas detectaron “33 ítems (desperfectos) a reparar y/o revisar, la mayoría con prioridad Uno” para solucionar en “dique seco”, fuera del mar, dada “la gravedad” de esos desperfectos. Del mismo modo, el ministro de Defensa fue informado sobre la difícil misión que debía cumplir el submarino.
Tagliapietra recalcó que enviar a los entonces 46 tripulantes (dos de ellos se quedaron en Ushuaia) a esa misión fue “un evidente abandono de persona”, en el marco que establece el artículo 106 del Código Penal. La norma dice que incurre en ese delito “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, colocándolo en situación de desamparo”. El abogado querellante consideró que eso fue lo que hizo el funcionario nacional al autorizar el cumplimiento de una misión cuando el submarino se encontraba en un estado de innavegabilidad. El denunciante agregó que “habrá que ver si como fruto de la investigación esta misma acción se constituya en un delito aún más grave”.
En la presentación se puntualizó que al producirse la emergencia se tendrían que haber arbitrado “todos los medios necesarios” para rescatarlos “en el menor tiempo posible considerando el grave riesgo de vida en el que se encontraban”. Los medios para buscarlos “debieron desplegarse de manera inmediata” solicitando ayuda internacional, oficial o privada, que en realidad llegó “de manera empírica, sin una solicitud formal ni del Ministerio de Defensa ni del Poder Ejecutivo, con excepción de la rusa”. En este punto se dejó sentado que el 30 de noviembre, el ministro Aguad resolvió cerrar el protocolo de búsqueda y rescate, en una decisión apresurada y sin fundamentos sólidos, condenando definitivamente a la muerte a mi hijo y a sus 43 compañeros”.
Tagliapietra consideró que lo que se está realizando hoy “es claramente infructuoso por los escasos recursos empleados y por la planificación de la propia búsqueda, sea esta por negligencia o dolo completando sin lugar a dudas el tipo penal de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
También se acusó al ministro Aguad de ser responsable jerárquico por las “innumerables contradicciones y falsedades” en las que ha incurrido el capitán Enrique Balbi, responsable de la comunicación pública en nombre de la Armada y del Poder Ejecutivo. Se destacó que al declarar en la causa abierta en Caleta Olivia, Balbi sostuvo que todos los informes fueron hechos “por orden del Ministerio de Defensa y/o de la Armada”.
Se hizo mención a una entrevista, difundida por C5N, en la cual Aguad aseguró que en relación con la suerte del submarino y su tripulación “todo está hecho para que no lo sepamos”. Tagliapietra aseguró entonces que el ministro “debería explicar quién hizo qué para que no sepamos qué”. Por las deficiencias en la información y por esa manifestación de Aguad, el querellante recalcó que “completan claramente el tipo penal del delito de encubrimiento agravado” por “haber sido cometido por un funcionario público y por la gravedad del resultado”.
