Creación de la Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados para descentralizar las decisiones que hoy toman un puñado de jueces en Comodoro Py. Unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales. Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Unificación de los fueros civil y comercial con el contencioso administrativo. Fortalecimiento de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías. Reglas de actuación para garantizar la independencia de los jueces y evitar presiones de grupos de poder. Y creación de un Consejo Consultivo integrado por reconocidos juristas que deberán elevar propuestas para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público. Esos son los puntos centrales de la propuesta de reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández y que el Gobierno volcó en un proyecto de ley de 46 páginas, que ahora deberá tratar el Congreso.
“Sólo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”, señaló el jefe de Estado luego de resumir los trazos gruesos del rol del Poder Judicial durante el último siglo: desde la legitimación al golpe contra Hipólito Yrigoyen y el desprecio por la Constitución durante la última dictadura, pasando por las designaciones de Raúl Alfonsín en la Corte y el Juicio a las Juntas, la “mayoría automática” menemista, la reconstrucción del máximo tribunal y las limitaciones de las facultades presidenciales para nombrar jueces en el gobierno de Néstor Kirchner y la sanción del nuevo Código Procesal Penal en el de CFK, hasta su suspensión por decreto de Mauricio Macri, el retorno de los fondos reservados a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), su trabajo sucio en tribunales al servicio del gobierno y el uso de la prisión preventiva como pena anticipada durante la era Cambiemos.
Desconcentrar
La primera parte del proyecto buscar enfrentar la concentración de poder en un pequeño número de magistrados, que implicó la politización del fuero y la manipulación de causas en función de los vientos políticos. La herramienta es la creación de la Justicia Federal Penal porteña, que unifique los actuales fueros Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico, y la creación de 23 nuevos juzgados, que se sumarán a los 23 existentes. Una de las dos secretarías que conforman cada uno de esos juzgados pasaría con todo su personal a los nuevos.
La lógica de ampliar el número apunta también a “adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, destacó Fernández. Para no afectar el principio de juez natural en las causas en curso, todos los juicios e investigaciones seguirán hasta su finalización en manos de los magistrados y tribunales que los están tramitando.
Subrogancias transparentes
Hasta tanto concluyan los concursos para designar nuevos jueces, el proyecto plantea “un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia”, explicó el Presidente. La Cámara Nacional de Casación deberá elaborar una lista de jueces dispuestos a subrogar los nuevos juzgados, con excepción de quienes registren atrasos significativos o reiterados incumplimientos de plazos legales. El Consejo tendrá treinta días para elegir, con mayoría especial, a 23 candidatos, en base a sus antecedentes y especializaciones y respetando “la diversidad de género en la selección”. La nómina pasará entonces al Ejecutivo, que los designará previo acuerdo del Senado. Las subrogancias sólo podrán durar un año, con un plus de un semestre.
Fiscalías y defensorías
Para complementar el nuevo esquema, además de la redistribución de fiscales y defensores existentes, el proyecto prevé la creación de 23 nuevas fiscalías federales ante los juzgados y cinco ante tribunales orales, cada cual con su secretaría, más otras ocho defensorías ante jueces y cámaras, y tres ante tribunales.
Delitos no federales en CABA
El proyecto propone además transferir a los tribunales porteños la competencia para investigar y juzgar los delitos no federales que se cometen en CABA, completando el proceso de transferencia de competencias dispuesto en la reforma constitucional de 1994. El gobierno tendrá tres años de plazo para suscribir los acuerdos y convenios necesarios con la Ciudad, que deberán incluir también la transferencia de recursos.
Fueros unificados
El segundo título del proyecto plantea la unificación plena de los fueros Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo de CABA. El Presidente destacó que los “numerosos conflictos de competencia” entre uno y otro atentan “contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
Justicia Federal en las provincias
El tercer título apunta a fortalecer la Justicia Federal en las provincias y recoge un proyecto impulsado por senadores macristas en el marco del programa “Justicia 2020”, que llegó a tener trámite parlamentario y que a su vez tomaba en consideración 114 proyectos presentados a partir de 2008. La iniciativa prevé la creación de 94 juzgados federales de primera instancia a lo largo y ancho del país, que en principio operarán con funcionarios y empleados de secretarías penales ya existentes. La acusación pública en las provincias se fortalecerá con la creación de 85 nuevos cargos de fiscales y de 23 defensores.
Pautas para los jueces
El último título del proyecto busca reestablecer las pautas de actuación de los jueces federales que había dispuesto el Congreso mediante la ley 27.146. Mauricio Macri la suspendió por decreto apenas asumió como presidente, por motivos comprensibles si se considera la relación de su gobierno con Comodoro Py. Las normas que todo juez federal debería volver a respetar si se aprueba la reforma judicial son, textualmente:
a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.
c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
d) Ejercer sus funciones libres de interferencias.
e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.
f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.
g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.
El proyecto plantea que el incumplimiento de cualquiera de las pautas citadas constituya causal grave de mal desempeño, más allá de las sanciones administrativas y penales que pudieran corresponder.
