La justicia federal rechazó el intento del expresidente Mauricio Macri de evitar que se realice un entrecruzamiento de sus llamados telefónicos en el marco de la causa que investiga una asociación ilícita que tuvo por objeto la persecución y acorralamiento del Grupo Indalo para el desguace de sus activos.
La jueza María Servini rechazó la nulidad planteada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse, quien en un duro escrito había “apelado” la decisión de la jueza de avanzar en el pedido de pruebas, algo imposible desde el punto de vista procesal ya que no se puede condicionar una investigación judicial cuestionando la recolección de pruebas ordenadas por un juez. Por eso, es que Macri siguió la estrategia de otros integrantes de la Mesa Judicial M que buscaron evitar que la justicia obtenga esos registros y pidieron la nulidad de la orden de Servini. Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, José Torello y Mario Quintana habían solicitado lo mismo. En base a los argumentos del fiscal Guillermo Marijuan y tras la decisión de Servini, avanzará el informe solicitado a la Dajudeco que busca echar luz respecto al circuito de comunicaciones e impacto en antenas telefónicas en determinados momentos clave del desarrollo del expediente administrativo de la AFIP sobre Oil Combustibles y en la causa penal que derivó en la prisión de los accionistas de Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Macri había cuestionado por desproporcionada, arbitraria, carente de fundamento y violatoria de la intimidad, además de otros calificativos la decisión de Servini de establecer el flujo de comunicaciones del expresidente con otros miembros de la denominada “Mesa Judicial”, en un intento para que la justicia no tenga acceso a esos datos. No se había solicitado contenido de las llamadas ni de los mensajes, ni tampoco que el exmandatario ponga a disposición su móvil, sino solamente el cruce de comunicaciones, algo que fue fuertemente objetado por la defensa que atacó a la jueza Servini por haber ordenado esas pruebas.
“Respecto a las críticas introducidas en cuanto a la falta de proporcionalidad, razonabilidad, justificación e innecesariedad de la medida de prueba, los argumentos de las defensas son meramente dogmáticos y no se ajustan a las constancias reunidas a lo largo del expediente, además que no explican las razones por las cuales tales requisitos no se encuentran reunidos”, indicó la magistrada.
“El argumento utilizado por una de las partes, que no existe ´hecho´ a ser investigado ni pruebas que eventualmente lo respalden, amén de contradecirse a sí mismo, es una discrepancia en cuanto a la valoración probatoria efectuada por quien suscribe que para nada puede ser fundamento para afirmar que una medida de prueba es violatoria de garantías constitucionales”, fustigó Servini el planteo de Macri, luego de correrle vista a Marijuan.
“Habré de reiterar que la medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre”, concluyó el rechazo, “considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional”.
“Tampoco se encuentra fundado el argumento que la medida de prueba violaría la “seguridad nacional”, ya que no se expusieron las razones motivarían tal afirmación, más allá de la mera enunciación de las atribuciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación”, argumentó la jueza respecto a uno de los intentos que había hecho el expresidente porque esa información no sea investigada por la justicia.
