Para los fiscales están probadas las maniobras de espionaje ilegal.
Los fiscales dictaminaron y ahora el juez federal Juan Pablo Auge debe evaluar y definir la situación procesal de los exjefes de la AFI y del exdirector de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, antes del 4 de agosto, fecha en la que vencen los diez días hábiles posteriores a la última indagatoria fijados por el código procesal penal como plazo ordenatorio.
En simultáneo, los investigadores avanzan en el análisis del papel que el área de jurídicos de la AFI habría desempeñado en lo que fue el supuesto espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que varios de los indagados apuntaran miembros a esa dirección como protagonistas de las maniobras investigadas.
"El área de jurídicos reemplazó completamente todas las funciones del resto de la Agencia. Tenía la exclusividad de la relación con los juzgados federales o los juzgados en general, tenía áreas operativas, escuchas telefónicas, llevaban causas. Me refiero a que directamente ellos manejaban a quien le distribuyen la tarea", declaró un agente de carrera la semana pasada en el Congreso.
El director de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos fue Juan Sebastián Destéfano, un hombre de vinculado al expresidente de Boca Daniel Angelici, que fue noticia por rechazar la citación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia que lo había convocado para el jueves pasado, en el marco de las actuaciones que lleva a cabo el Congreso en relación a las denuncias de espionaje ilegal.
En su carta de rechazo a la invitación, Destéfano dejó traslucir que sigue de cerca el expediente que tramita en la justicia de Lomas de Zamora y que intuye que en algún momento tendrá que responder en indagatoria: dijo que su abogado le había aconsejado que no se presentara al Congreso porque eso podía superponerse con la causa judicial y que declararía si era convocado por un magistrado.
El rechazo de Destétano a comparecer ante el Congreso sin otra justificación que el consejo de su abogado no fue suficiente para evitarse un segundo llamado, por lo que el viernes fue convocado para el próximo martes a las 14.30 bajo apercibimiento de ser denunciado si se ausenta sin un motivo atendible.
Otros agentes del sector de jurídicos quedaron bajo la lupa de la justicia a partir de las declaraciones ocurridas en los últimos días, entre los que se encuentra Bernardo Miguens, un exempleado del juez Claudio Bonadio, que -según declaró una ex espía ante el Congreso- estuvo a cargo de coordinar la elaboración de los documentos que se presentaron ante la justicia para tapar el espionaje ilegal ocurrido en 2018.
La investigación judicial también alcanzaría a Mariano Ruda Bart, quien fue señalado por una exagente ante el Congreso como quien estaba a cargo del manejo de las escuchas e incluso lo vinculó a la filtración de diálogos telefónicos mantenidos desde el penal de Ezeiza por exfuncionarios kirchneristas que estaban allí detenidos cuando estalló el caso D´Alessio.
Las declaraciones de espías y exespías en el Congreso -que luego son remitidas a la Justicia- son una herramienta cuyo valor judicial no termina de estar claro ni para los legisladores ni para los funcionarios judiciales pero, hasta ahora, funcionaron como una suerte de anticipo de lo que muchos de los testigos y los imputados después confesaron ante el juez y los fiscales.
En esta causa ya está procesado el exespía Alan Ruiz, quien fue acusado de coordinar un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, dedicada a realizar tareas de inteligencia y espionajes ilegales.
