Si bien el Ejecutivo prepara medidas que estimulen la reactivación incipiente en la actividad, el gabinete económico reconoció que muchas empresas aún mantienen niveles bajos de actividad, para las que les mantendrán los préstamos blandos con financiamiento estatal. Para acompañar la recuperación también pagarán el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) por cuarto mes consecutivo.

“Prorrógase la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el decreto 487/20”, reza el proyecto de decreto al que El Destape tuvo acceso. Además, se extendió la veda de las suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo en el mismo período. Las excepciones son las comprendidas en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo.

La normativa resalta que los despidos y las suspensiones que violen esta prohibición "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".

Poco después de decretar el aislamiento social, Fernández prohibió los despidos para proteger el empleo a través del DNU 329, en el que establecía que se prohibía las desvinculaciones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” por 60 días desde marzo. Esto fue extendido de mayo a julio y ahora lo renovó de modo de proteger a los empleados para que las empresas que permanecen cerradas e incluso aquellas que se reactivaron no socialicen las pérdidas mientras el Estado las compensa con subsidios y créditos para que justamente mantengan esos puestos de trabajo.

Si bien se perdieron 186.000 empleos entre marzo y abril, el golpe laboral fue muy inferior al de las crisis anteriores, además de tener un impacto mejor al estallido que generó la pandemia en países que no tomaron medidas para cuidar los puestos de trabajo. Un ejemplo fueron los 42 millones de nuevos subsidios por desocupación que se tramitaron en Estados Unidos hasta junio. Producto de los efectos recesivos de la pandemia, en abril se perdieron 128.000 puestos de trabajo privados en el sector formal respecto a marzo, de acuerdo a los cálculos del Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD). En el Gobierno esperan que la crisis no se profundice en los registros de mayo y junio por los esfuerzos en torno a la reactivación económica.

El DNU anti-despidos fue complementado con una batería de medidas para compensar el derrumbe de los ingresos y mantener vivas a las compañías. Gracias a eso y al temprano aislamiento social, el coronavirus no circula por grandes zonas del país, lo que permitió que vuelvan a funcionar en una “nueva normalidad”, y los indicadores económicos muestran un rebote respecto a la caída inicial generada por la pandemia.

El mayor movimiento económico aún no se tradujo en incrementos sustanciales de la facturación para todos los sectores, sino que la mayoría de las fábricas y comercios que fueron habilitados para reabrir mantienen niveles de ventas bajos. Atentos a este panorama, el gabinete económico decidió mantener vigentes los créditos blandos para aquellas empresas que han podido reiniciar su actividad pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación.

Los funcionarios económicos coordinados por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también definieron el ATP 4, para que complemente los salarios de julio. Según los datos recabados del programa, el 93,4% de las compañías que lo cobran tienen hasta 25 empleados y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Sólo un mínimo porcentaje (0,1%) posee más de 800 trabajadores en su plantilla, lo que implica el 12,7% del total de los trabajos registrados.

En los dos primeros meses de funcionamiento, el Gobierno giró $ 93.000 millones por el ATP para 2,8 millones de trabajadores, lo que benefició a 310.000 empresas. En la tercera ronda del programa, que paga actualmente hasta $ 34.000 de los sueldos de junio, se destinaron $ 32.000 millones adicionales para favorecer a 218.000 compañías. Esta reducción en la cantidad de firmas evidencia una recuperación económica.

Los comercios grafican claramente esta mejoría. Este último ATP lo reciben 55.000 locales, lejos de su pico de 81.000 en abril, lo que también demuestra el incremento en los índices de facturación.