Se trata de anular un decreto por el cuál Macri estatizó deuda privada por 24.000 millones de pesos vinculados a los tarifazos de gas. El decreto es el 1053 del 2018 por el cual, Macri selló el pacto entre el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y las empresas productoras y distribuidoras de gas donde primero dolarizaron las tarifas y luego, con la devaluación de fines de 2018, evitaron que se reflejara un nuevo aumento en las facturas en año electoral trasladando esa deuda al Estado. La estafa casi perfecta, ya que el Congreso nunca convalidó ese decreto y ahora puede invalidarse. Desde Juntos por el Cambio intentaron convalidar la estatización de la deuda y lo más probable es que sus senadores sigan en esa postura, pero los números indican que el Senado pondrá un límite a este negociado en la sesión convocada por CFK.
La semana pasada, la Comisión Bicameral que trata los decretos emitió dictamen para declarar inválido el decreto 1053 de Macri que, bajo el paraguas de una modificación presupuestaria, estatizó la deuda de las distribuidoras de gas con las productoras. Con la votación asegurada en el Senado, restará que lo trate la Cámara de Diputados, donde Sergio Massa recibió, al igual que CFK, un documento firmado por numerosas organizaciones sindicales y sociales apoyan la iniciativa.
La cronología de este negociado es sencilla. Primero, Macri y Aranguren dolarizaron las tarifas de gas. Esto es porque dolarizaron la comercialización del gas en PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte), es decir, lo que cobraban las productoras de gas. Las distribuidoras luego lo trasladaban a la tarifa, dolarizada de hecho. Pero en 2018, con la brusca devaluación, apareció una asimetría muy grande entre las productoras que cobraban en dólares y las distribuidoras que recibían pesos de los usuarios y se acumuló una deuda de las segundas con las primeras. La primera solución, aportada por el entonces secretario de Energía Javier Iguacel, fue trasladar la diferencia a los usuarios en 24 cuotas, pero esto generó tanto denuncias penales como quejas en los usuarios/votantes, que iban a ver reflejado eso en sus facturas. . Pero Macri optó por otra: estatizar esa deuda por decreto.
