Se trata de los abogados de la agrupación AJUS, Abogados por la Justicia Social. Esta solicitud la presentó ante el juez federal Sebastián Ramos en un pedido para aportar en calidad de “amicus curiae” las pruebas aportadas ante la relatoría especial de Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas.
La asociación de Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) explica en su presentación ante el juez que la acusación formulada por AJUS ante la ONU en 2018 describe de modo exhaustivo el mecanismo diseñado por la Coalición Cambiemos junto a medios de comunicación para vulnerar la independencia de los magistrados y la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina.
También relata que tras esa denuncia presentada por AJUS LPBE el relator especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, intimó el 1 de noviembre de 2019 al gobierno de Mauricio Macri a elaborar un informe sobre las acusaciones. Lo que en concreto significa que la propia ONU calificó como veraz a la denuncia que había sido presentada por AJUS en 2018.
El titular de AJUS, Emanuel Desojo, junto a la abogada patrocinante, Natalia Salvo, informaron que la solicitud de amicus curiae aporta pruebas en torno a casos que tienen como víctimas a un conjunto de jueces y fiscales perseguidos por la Coalición Cambiemos: Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Diana Cañal, Martina Forns, Daniel Rafecas y Gabriela Boquín.
También aportar precisiones tal como lo hizo la ONG ante la ONU sobre la metodología implementada por la mesa JUDICIAL. Aspectos materiales que evidencian la presencia de un Plan sistemático para violentar la independencia y la imparcialidad de jueces y fiscales.
Por último, la ONG proveerá al Tribunal que lleva adelante la denominada causa “mesa judicial” macrista aquellos estándares jurídicos internacionales atacados por el gobierno de la Coalición Cambiemos.
