El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, continuaba en la noche del jueves tomando declaración indagatoria a los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) investigados por supuesto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri, mientras algunos de ellos apuntaron a la ex cúpula de la central de espías.

Cerca de las 22 todavía se aguardaba el comienzo de la declaración indagatoria de la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, señalada como quien recibía en Casa Rosada parte de los informes producidos por los espías agrupados en un grupo de whatsapp denominado "Super Mario Bros", en referencia al personaje de videojuegos que se desplaza por cañerías.

Una de las ex espías que declaró fue Mercedes Funes Silva quien confirmó haber visitado la Casa Rosada en una oportunidad, durante 6 minutos, para llevar documentación a la oficina de documentación presidencial para quien ahora reconoce como Martinengo, según informaron a Télam fuentes judiciales.

Su estrategia de defensa y la de otros espías fue la de señalar que recibía órdenes a través del ahora detenido Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales, quien las impartía y repartía entre todos los agentes y que solo él y sus superiores podían saber que la información iba a parar a legajos que, vistos en forma completa, confirmarían el espionaje político ilegal.

Funes Silva, una de las primeras en terminar de comparecer durante varias horas, respondió preguntas del tribunal y pidió que se incorporara a su declaración el texto que presentó ante la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso donde afirmó que la información que recolectaba el equipo que integraba "subía de manera pormenorizada a (Silvia) Majdalani y (Gustavo) Arribas".

"La AFI era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, continuaba en Silvia Majdalani y en lo que respecta a la cadena de mandos mis superiores fueron las personas que ocuparon sucesivamente el cargo de director de Contrainteligencia, de Operaciones y Operaciones Especiales", sostuvo, Funes Silva cuando se presentó ante el Congreso según informó esta agencia.

La ex espía, que supo alquilar un departamento de su familia a la AFI, contó cómo se dio ese acuerdo comercial y relató pormenores de las maniobras de espionaje sobre la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Otro de los ex espías que declaró el jueves fue Leandro Araque, uno de los que registró mayor cantidad de ingresos a la Casa Rosada, quien aportó datos sobre tareas de seguimiento al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, indicaron fuentes judiciales.

Un dato que comenzó a cobrar fuerza el miércoles y que continuó creciendo el jueves es que las defensas de algunos de los acusados comenzaron a tantear la posibilidad de que sus defendidos desanden el camino del arrepentimiento, con lo que tendrían que reconocer su participación en los ilícitos investigados y apuntar "hacía arriba" para conseguir los beneficios procesales que la ley prevé.

El acuerdo de colaboración lo podrían alcanzar por la vía de la fiscalía que si los acepta debería poner tal acuerdo, registrado con los "medios técnicos idóneos" –según establece la ley del arrepentido- a consideración del juez Villena, que sería finalmente quien decidirá si lo homologa o lo descarta.

Hasta el cierre de esta jornada, uno de los espías seguía sin entregarse ante la justicia y le había vencido el plazo para no ser declarado en rebeldía: se trata de Martín Terra, amigo personal de Arribas y ex marido de la modelo Analía Maiorana, esposa del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien figura entre las víctimas del espionaje ilegal.

Dos de las mujeres detenidas consiguieron el beneficio de la prisión domiciliaria y están en sus casas con tobillera electrónica: Belén Saéz porque tiene un hijo recién nacido y Funes Silva porque tiene un hijo con autismo.

La tercera en seguir ese camino podría ser Martinengo, quien obtuvo un dictamen favorable de la fiscalía dado que tiene 64 años y es paciente de riesgo de contraer coronavirus, aunque el juez no decidió sobre su situación y según fuentes judiciales antes de hacerlo podría pedir informes médicos.

La de Martinengo es la declaración más esperada por los investigadores dado que está apuntada como el supuesto nexo entre los espías y el ex presidente de la nación: en el expediente hay registros de reuniones de ella con los ex agentes en la Casa Rosada y conversaciones en las que promete pasarle informes a Darío Nieto, el secretario privado de Macri.

La ex funcionaria podría hacer uso del derecho a no declarar, aunque fuentes con acceso al expediente señalaron que se iba a limitar a negar los hechos que se le endilgan y a desconocer el vínculo con los espías, mientras espera que el juez resuelva si le concede la prisión domiciliaria.

Entre los que declaraban también están el ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra y los espías Jorge Horacio "Turco" Sáez, Facundo Melo, Emiliano Matta y Guillermo Matta quien lo hizo por videoconfernecia porque uno de los policías que lo detuvo había estado en contacto estrecho con otro oficial que dio positivo en el test de coronavirus.

El juez Villena acusó a los detenidos en la causa por presunto espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo, de ser parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local" dedicada al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales".

Los cargos se desprenden de la imputación leída el miércoles a los acusados indagados y en la que se les atribuyó ser parte de "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron a Télam fuentes judiciales.

"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", agregó la acusación del juez.

También al "acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las victimas".

Además se habría colocado a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".

"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", agregó la imputación judicial.

La acusación sostiene que la actividad ilegal se habría iniciado en 2017 para obtener información ilegal sobre "acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones religiosas, partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción".