El fiscal federal Carlos Stornelli requirió una serie de medidas al impulsar una investigación por “presunta protección de evasores por parte de las personas que dirigieron la Administración Federal de Ingresos Públicos” durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia original la hizo el fiscal Federico Delgado ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Este jueves Stornelli decidió impulsar el caso al solicitar varias medidas, entre ellas varias declaraciones testimoniales y pedidos a la AFIP relacionados con las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

Según la denuncia, “se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias.”

En el escrito al que tuvo acceso minutouno.com, el fiscal pidió que “se requiera a la titular de la AFIP la remisión de un informe detallado acerca del organigrama vigente en la AFIP a partir de septiembre de 2017, con sus eventuales modificaciones, comprensivo de la descripción de las misiones y funciones de cada área y sub-área e indicación de los funcionarios responsables de cada una de ellas”.

Conforme se desprende de la denuncia “se habría anoticiado también que la información que recibió oportunamente la AFIP de la Ocde pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligación de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas.”

Delgado había dicho que deben investigarse las consecuencias penales de una supuesta “inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de información que no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la Afip”.

De acuerdo con el denunciante original de los hechos, Jorge Gaggero, “se habría ocultado a las áreas específicas del organismo información relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al país en el año 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias.”

Según la presentación original de Delgado, la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP explicó que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Gestión de Información Internacional, se realizaron los siguientes intercambios de información: Un intercambio realizado en septiembre 2017 (respecto al período fiscal 2016), por el que se recibieron 55.541 cuentas de 44 países por un total de saldo informado en euros de € 2.561.868.623.

Intercambio realizado en septiembre 2018 (respecto al período fiscal 2017), por el que se recibieron 254.949 cuentas de 74 países por un total de saldo informado en euros de € 9.042.723.582. Al respecto, el actual Subdirector General de Fiscalización, Julián Ruiz, dijo que de los casos recibidos en septiembre 2017 se investigaron 576, de los cuales el 77% se realizaron en el mes de enero 219.

Según se informó en el caso, actualmente se está desarrollando un análisis integral de toda la información suministrada por la OCDE por los períodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se ordenó en el mes de abril del corriente año la investigación de las cuentas con mayor interés fiscal comprometido con respecto a la información recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la información recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016.

En la investigación preliminar figura la nómina del personal que se desempeñó en los diferentes cargos de la estructura que intervino hasta la actualidad en la gestión de la información.

La AFIP dijo que el 15 de abril de 2020 la Subdirección General de Fiscalización ordenó un sumario administrativo, el cual se registró bajo el número AFIP IF-2020-00223077, por el posible incumplimiento de los procesos de adecuado resguardo de la información en el ámbito de la Dirección de Fiscalidad Internacional; por el posible acceso a esa información por personas que carecían de facultades para ello y, en su caso, para deslindar las responsabilidades que pudieran verse comprometidas.

Por otra parte, la fiscalía contactó a Horacio Castagnola, ex funcionario de la AFIP que, de acuerdo con información periodística, tendría conocimientos de los hechos. Stornelli considera que entre otros, Castagnola debe declarar como testigo.

“Horacio Castagnola y Jorge Gaggero también mencionaron que consideraban que la información que recibió oportunamente la AFIP de la Ocde pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligación de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas”, señala el fiscal en su denuncia.

Sobre esa base la fiscalía solicitó nuevos informes a la AFIP. A partir de ellos, se logró determinar que a) quienes recibieron la información; b) que Ministerio Público de la Nación decisiones administrativas se tomaron; c) quienes retuvieron la información hasta fines del año 2019; d) quienes tuvieron acceso a esos datos; e) quienes accedieron, aunque no debían; e) quienes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la información es la misma que envió la Ocde; f) quienes permitieron la posible prescripción de los tributos.

El fiscal Delgado sostuvo que “el objeto del proceso se limita a plantear las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de información que, esto es decisivo, no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la AFIP.