Este viernes vence el plazo que fijó el gobierno de Alberto Fernández para que los acreedores privados adhieran al canje de deuda propuesto por la Argentina. En rigor, el plazo venció hace dos semanas pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, resolvió en ese entonces, ante la baja aceptación de la oferta, prorrogar hasta el próximo 22 de mayo el tiempo de negociación, excepción que habilitaba los contratos de la deuda.
Así, mañana vence el plazo para el pago de los bonos globales 21,26 y 46 cuyos vencimientos originales ya habían sido prorrogados por lo que ya no queda margen para evitar el pago de poco más de 500 millones de dólares.
A pesar de ello el Gobierno cuenta con algunas herramientas para seguir negociando como suscribir un acuerdo stand still por el cual ambas partes, a sabiendas de que están avanzando en las negociaciones, acuerdan mantener la situación sin cambios y darse más tiempo.
Si la negociación está encaminada, la Argentina podría directamente alargar el plazo (por un período corto de tiempo) frente a la Security and Exchange Comission (SEC) sin negociar un standstill. En este caso la Argentina entraría en default técnico pero sería por un plazo muy corto ya que este paso se daría ante la eventualidad de negociaciones avanzadas que llevarían a las partes a alcanzar un acuerdo en poco tiempo más y así a la situación de cesación de pagos.
En ese sentido, Guzmán fue tajante: "La fecha del 22 de mayo es anecdótica; estamos en un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo. Y nuestro acceso al financiamiento se perdió. Las negociaciones continuarán, necesitamos una resolución ordenada, lo que necesitamos es un acuerdo sustentable".
¿A cuánto asciende la deuda que busca reestructurar la Argentina?
El gobierno de Alberto Fernández presentó una propuesta de canje a los tenedores de unos 21 bonos que representan un stock de deuda de 66.238 millones de dólares.
¿Cuándo fueron emitidos esos bonos?
Los más antiguos fueron emitidos en 2005 y corresponden al canje de deuda que se acordó ese año por el default de 2001. La gran mayoría del resto fueron emitidos durante la gestión de Mauricio Macri entre 2016 y 2019 (17 de los 21 títulos elegibles corresponden a ese período).
¿Qué les propuso la Argentina a sus acreedores?
La Argentina propuso a los bonistas acordar un período de gracia de tres años, es decir que no se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022. Pagar un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles. Así el interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.
La propuesta conlleva además una mayor reducción de intereses que de capital. Se ofrece una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda. Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.
¿Qué contraofertaron los acreedores de la Argentina?
El ministro Guzmán recibió contraofertas de los distintos grupos de bonistas con los que debe negociar. Por ejemplo, uno de los comités de acreedores que reúnen al 15% de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 pidieron que se elimine el plazo de gracia y que la Argentina comience a pagar en noviembre próximo.
Si bien aceptaron el esquema de cupones crecientes en el tiempo exigen que ese rendimiento comience en 1,25% y no en 0,5% tal como propuso la Argentina.
De acuerdo a este esquema, los bonistas recibirían 57 dólares por cada 100 frente a los 39 que ofrece la Argentina.
Por otra parte Blackrock, la principal tenedora de los bonos que busca reestructurar la Argentina y que fueron emitidos en los últimos 4 años, presentó una propuesta para recibir 62 dólares por cada 100 comprometidos inicialmente por la Argentina. A última hora del miércoles se conoció que este grupo estaría dispuesto a aceptar 50 dólares por cada cien, por lo que se acercaban las posiciones. En este contexto, todo indica que el país presentará una extensión del plazo hasta el 30 de julio.
¿Por qué esa fecha? El 30 de junio vencen los bonos Discount y, una vez más, se cuenta con un mes de gracia. Tras ello, los tenedores de esos títulos pueden iniciar automáticamente juicios en los tribunales de Nueva York contra la Argentina, una condición que no la disponen de forma tan accesible el resto de los bonistas, porque la deuda emitida desde 2016 llevó la cláusula antibuitre, es decir, pueden litigar, pero siempre de forma colectiva, entre otros requisitos.