La AFIP levantó la feria fiscal para investigar a los titulares de 950 cuentas no declaradas de argentinos, aportadas por la OCDE. La medida implica que se iniciará el proceso de fiscalización sobre quienes tengan u$s 1 millón o más y que podrían totalizar en conjunto más de u$s 2600 millones, hasta ahora en paraísos fiscales.
Según publica Gabriel Morini en Ámbito Financiero, "se está avanzando en la notificación de todos quienes figuren como titulares. Pero hay un dato adicional: hay miles de cuentas más que fueron alertadas por la OCDE con montos inferiores al millón de dólares que ingresarán en una segunda etapa de análisis".
"Lo que hasta ahora nadie profundizó es por qué esa información -recibida en 2017- recién dos años después comienza a ser procesada, luego de una maniobra que apuntó a evitar que esos datos fueran desencriptados a favor del fisco. Pero sobre todo cuáles fueron los pasos que podrían configurar un delito y por los cuales Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los extitulares de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri, aparecen como los máximos responsables en el ocultamiento de esos registros que llegaron originalmente en diciembre de 2017 a la Unidad de Fiscalidad Internacional que, en ese momento con cinco personas en su equipo, recibió los datos desde la OCDE", agrega Morini.
A fines de 2017, con Alberto Abad al frente, la AFIP había terminado de desarrollar el software eMIAI (Electrónico Módulo de Intercambio Automático de Información, según sus siglas). El sistema permitía acceder a la identificación de los contribuyentes detectados en diversos países, en un procedimiento que se denomina “cuitificación”. Los datos llegaban solamente con los nombres de personas físicas y jurídicas a los que se debía ubicar en la base local, un trámite que no siempre era sencillo y culminaba siendo manual. Pero el problema fue que a fines de 2017, para “bajar” esa información con fuertes parámetros de seguridad se requería dar un “acknowledgement” dentro de los tres días. Ese paso no podía darse porque se adeudaba un pago de cerca de u$s 50 mil en concepto de membresía y soporte a la OCDE, imprescindible para avanzar en el “acuse de recibo” por la información.
Finalmente, en enero de 2018 comenzó a abrirse el archivo en formato .XML para lo que se denomina internamente “apropiación” y comenzar a cruzar los datos de quienes no habían declarado los bienes en el exterior, una tarea supuestamente urgente. Hubo discusiones técnicas entre Fiscalidad Internacional, Auditoria y Sistemas, donde se trazó un esquema complejo para garantizar la seguridad de los datos, y se implementó un plan de auditoría muy fuerte. Pero el 5 de enero de 2018 y en pleno ajuste del software eMIAI, el área de Sistemas –con Sandra Rouget a cargo- por orden del subdirector de Auditoría Néstor Sosa decidió borrar el “usuario” que había procesado todos los datos, y dejar solo resguardados los archivos sin procesar.
A mediados de enero de 2018, se reconstruyó el usuario dado de baja pero el software había sido modificado por orden de Auditoría: por supuestas normas de seguridad ya no era posible visualizar los “nombres” en el sistema, sino que corrían sin que ningún agente accediera a ellos. Desde entonces, no se conoce otra acción tomada por la AFIP respecto a los reportes de la OCDE, tampoco luego de que un mes después desembarcara Cuccioli en reemplazo de Abad.
"Con estos datos, el frente judicial de Alberto Abad puede empeorar, algo que preocupa al ex funcionario que ha reconocido ante personas cercanas que lamenta haberse ido de la función pública 'perdiendo y sin revancha'", cierra Morini.
