El juez Rodolfo Canicoba Corral sigue avanzando en la causa en la causa en la que se investigan irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado durante el gobierno de Mauricio Macri. Hoy se tomó una declaración testimonial clave, el de una abogada de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro que debió dejar su cargo, en el que se desempeño durante diez años, en 2017, cuando desde el gobierno de Cambiemos se intentaba beneficiar a una ex socia de la familia Macri en Autopistas del Sol.

Se trata de la causa en la que la semana pasada el juez ordenó allanamientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol.

Hoy declaró la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria Albertis, que era socia de SIDECO de la familia Macri, le había hecho en 2015 a la Argentina ante el CIADI, por supuestos retrasos tarifarios en las autopistas por un congelamiento de los peajes.

En 2018, el gobierno de Cambiemos renegoció los contratos de concesión de las autopistas de Acceso Oeste y Acceso Norte con Abertis. Se anunció que como Albertis desistió de la demanda, el Estado argentino se había ahorrado más de 2 mil millones de dólares

La testimonial de la abogada apunta a profundizar un tramo de la investigación sobre las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas.

Es que Abertis, la controlante española, se había presentado ante el CIADI, el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial con un reclamo millonario.

En tiempo récord, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció con bombos y platillos que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía 500 millones. Napolitano, que tenía más de diez años de carrera en la Procuración del Tesoro, dejó sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del Estado ante el CIADI.

En la misma línea había declarado el ex Procurador del Tesoro Carlos Balbín, quien ante todo dijo que la demanda de Abertis contra el Estado nacional por el congelamiento de las tarifas no debía prosperar al estar prescripto y que la empresa no cumplió los requisitos internacionales para demandar a la Argentina, porque antes de pasar por el tribunal arbitral Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), primero debía pasar por los tribunales argentinos, algo que no se hizo.

González Napolitano explicó detalladamente sobre aspectos generales del trámite ante el CIADI de la demanda de Albertis.