El Gobierno envió este martes el proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que pretende darle a la renegociación de ese pasivo un marco de legalidad y legitimidad del Congreso. La iniciativa declara de interés nacional el proceso para hacer sustentable la deuda en los términos de la Ley de Administración Financiera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de administración de pasivos, canjes o reestructuraciones de los vencimientos de bonos bajo ley extranjera. En el estructurado de la norma no se definen las condiciones del canje, las cuales se están negociando con los acreedores. “La estrategia es sobre la base de la buena fe, la voluntad de pago está”, aseguró por la mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“La situación de Argentina es crítica, el país enfrenta una profunda crisis de deuda”, aseguró el ministro en conferencia de prensa. La ley tiene como objetivo que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, tasas de interés y monto del capital. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con el FMI en tono “constructivo” con la finalidad de reperfilar el sendero de pagos programados para devolver el préstamo otorgado (ver aparte).

“Lo que se hizo con la deuda fue un desastre, el país no puede sostener la carga de deuda que enfrenta”, reiteró Guzmán. Consideró que la resolución del tema de la deuda será clave para luego enfrentar otros problemáticas, como dos años consecutivos de recesión e inflación récord. “Para pagar el país necesita generar capacidad, para eso hay que crecer, por lo que es fundamental que haya un alivio en la carga de deuda que enfrenta el país”, explicó. El stock de deuda supera los 300 mil millones de dólares y es equivalente al 90 por ciento del PBI. La iniciativa se tratará en comisión el próximo martes, el miércoles ingresará a labor parlamentaria y se sesionará en Diputados el jueves, según confirmaron a este diario desde el bloque oficialista.

El proyecto

La iniciativa se basa en el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la cual permite realizar modificaciones para estructurar y ejecutar las operaciones necesarias para extender los plazos y reducir la tasa de interés, que en la práctica implicará un recorte en el capital presente de la deuda. En el proyecto se estipula la designación del Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, dándole facultades para “dictar las normas aclaratorias y  complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley”. El objetivo es que Economía tenga la potestad de negociar sin restricciones, siempre y cuando se mantenga dentro de los parámetros que establece la Ley.

Como autoridad de aplicación, el equipo de economía podrá “incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”, según el artículo 2 del proyecto de ley que llegó a Diputados.

Se aclara en el proyecto que la renuncia a oponer defensa no se extenderá a la ejecución de bienes de la Argentina. Esta aclaración servirá para blindar a los bienes del Estado de posibles embargos en caso de que la negociación derive en litigios en juzgados internacionales. Tal es el caso la detención, con fines de que sea embargada, La Fragata Libertad en el puerto de Tema (Ghana), a través de la decisión de un juzgado extranjero sobre el pedido de fondos buitre.

Los bienes que se detallan inembargables en el proyecto son las reservas del Banco Central, cualquier bien de dominio público en el territorio argentino o en el exterior, inmuebles del Estado, agencias gubernamentales y otras entidades y bienes alcanzados por los privilegios e inmunidades de la Convención de Viena, los utilizados por misión diplomática, impuestos o regalías, activos de carácter militar o bajo el control de una autoridad militar o herencia cultural.

El Ministerio de Economía, de aprobarse la ley, estará autorizado a emitir nuevos títulos públicos “a efectos de modificar el perfil de vencimientos de intereses y amortizaciones de capital para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa”. Para tal efecto, podrá determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; designar instituciones y asesores financieros, aprobar y suscribir contratos con entidades y asesores financieros para que presten los servicios.

El documento establece que el pago de comisiones en condiciones mercado no podrá superar bajo ningún caso el 0,1 por ciento por todo concepto del monto efectivamente canjeado o reestructurado. “En forma previa a la suscripción de los contratos se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”, aclara el proyecto. Se eximirá también a las operaciones comprendidas en la ley del pago de todos los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, que puedan aplicarse. Por último, la Jefatura de Gabinete podrá efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley. Estos gastos quedarán imputados en las partidas presupuestarias como Servicio de Deuda Pública. “Esperamos el apoyo del Congreso”, concluyó Guzmán.