El objetivo es trabajar en clave de perspectiva de género, una visión del Estado que permita construir, al mismo tiempo, una comunicación responsable en su conjunto.

En ese sentido desde la Secretaría de Comunicación Pública se abogará por una gestión comunicacional con perspectiva de género que sea transversal en el Estado desde sus organismos competentes, pero que también alcance a los medios de comunicación en todos sus formatos. Para ello, se brindarán una serie de recomendaciones para el tratamiento mediático responsable de cuestiones vinculadas a la niñez y adolescencia, a la población mayor, a la población con discapacidad, a las mujeres y las disidencias.

Todo ello basado en el material legal y especializado que trata del abordaje adecuado y respetuoso de estas temáticas, apelando para ello a la responsabilidad ética y profesional de los medios de comunicación.

Asimismo, se propenderá a que los medios locales incorporen contenidos educativos que acompañen procesos pedagógicos alternativos como así también campañas de interés general que aborden cuestiones vinculadas a seguridad vial, el uso racional de los recursos hídricos y energéticos, el cuidado y protección del medio ambiente y derechos humanos.

Al respecto, la secretaria Luz Santángelo Carrizo manifestó que “para el Gobierno de la Provincia es una política de Estado abordar la perspectiva de género transversalmente y, en este aspecto, la relación con los medios es algo muy importante porque éstos son también formadores, por lo que es necesario trabajar desde una relación de conciencia y de responsabilidad sobre esta temática que es imprescindible que se visibilice para avanzar como sociedad en general. Debemos ser garantes de sus derechos y los medios no están exentos”.

Explicó que se generó una resolución ante la necesidad de una reglamentación de pautas oficiales según dispone la Ley N° 9.341 sobre el Régimen General de Contrataciones y su reglamentación, decreto 015/19; y de la Ley Nacional Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522. “A través de esta herramienta legal nos propusimos trabajar en el diseño, ejecución y supervisión de la política pública de comunicación pública, en el marco del ejercicio del derecho a la información, propiciando la construcción de una agenda plural, democrática, inclusiva y de género, en el ámbito de gobierno”, expresó.