La Casa Rosada tiene prácticamente terminados los proyectos que quiere que el Congreso debata a partir de la última semana de enero. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández coordinó la estrategia con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

La agenda incluirá la sanción de la ley de Consenso Fiscal acordado con los gobernadores, la eliminación de los regímenes jubilatorio de privilegio para jueces y diplomáticos, el armado de la comisión que estudiará la nueva fórmula de cálculo para la movilidad jubilatoria automática que el Gobierno suspendió por 180 días, y la renegociación de la deuda con el FMI. En tanto, el debate sobre la reforma judicial y la creación del Consejo Económico y Social, arrancaría en febrero.

En pos de afinar esa estrategia, Fernández almorzó primero con Kirchner y luego se sumó Massa quien había estado reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Los hombres del Congreso tienen todo listo para llamar al debate pero dependen del ritmo que el Ejecutivo le imprima a la redacción final de los proyectos. El lunes pasado la Cámara baja había suspendido la sesión programada para el 22 de enero porque la agenda prometida por el gobierno no había llegado y esto fue lo que Fernández, Kirchner y Massa conversaron en el despacho presidencial. 

En tanto los equipos del presidente terminan de redactar los proyectos, la tarea de Massa y de Kirchner será la de evaluar la posible resistencia de la oposición y cuáles serán los límites de las modificaciones que puedan sufrir los textos que enviará la Rosada. El Ejecutivo aspira a que la Cámara baja –por donde ingresaría la mayoría de las iniciativas que elabora el Gabinete nacional-- sesione antes de terminar este mes. La fecha probable es el 29.

Para esa primera sesión extraordinaria hay un temario tentativo. La ley de Consenso Fiscal, que suspende la adenda con que el macrismo impuso a los gobernadores la reducción de sus impuestos provinciales. La eliminación de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. Ambos regímenes habían sido exceptuados por el Gobierno de la suspensión de la movilidad jubilatoria (junto con maestros y científicos) para evitar la judicialización de la mega ley de emergencia pública. Ante el reclamo opositor en el Senado, el Presidente prometió el envío de un proyecto para eliminar estos sistemas jubilatorios de privilegio. Tal como anticipó Página/12, un grupo de diplomáticos evalúa contratar una consultora, integrada por Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, para que opere sobre los legisladores y aborte el proyecto del oficialismo. 

Otro de los puntos de esta convocatoria sería el respaldo parlamentario al armado de la comisión que analizará y propondrá al Congreso una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. Igual que la aprobación del Parlamento para la renegociación de la deuda externa que el Gobierno heredó de la gestión macrista. Temas que contarían con un consenso amplio.

Otros, en cambio, ya generaron el rechazo y la resistencia de Juntos por el Cambio. Especialmente la reforma judicial, que Fernández anunció durante su asunción ante la Asamblea Legislativa y cuyo envío al Congreso ratificó esta semana. El propio jefe de Estado dijo que el proyecto “ya está listo” para enviarlo, pero evitó adelantar las modificaciones que quiere introducir en la estructura de la actual justicia federal.

Hay otro conjunto de iniciativas en las que el gobierno todavía trabaja. Uno es la conformación del Consejo Económico y Social, que deberá contar con el acuerdo del Parlamento. Lo mismo que la creación del Consejo de Seguridad, que contaría con la participación de las provincias.

El Senado, por su parte, tiene una agenda propia. Aunque también se prevé una reunión del Presidente con su vice, Cristina Fernández de Kirchner –tras su regreso de Cuba a donde fue a visitar a su hija Florencia--, para definir prioridades.